Democracia y pueblo en ALC, el puente roto entre dos visiones

En fecha reciente, el escritor Mario Vargas Llosa, refiriéndose a los actos iniciales de gobierno del presidente electo de Perú, Pedro Castillo y la orientación progresista de su partido Perú Libre, afirmó que “…los pueblos se equivocan”. En el otro extremo de la línea, el presidente Hugo Chávez repetía con insistencia que, “…la voz del Pueblo es la voz de Dios”. Dos posturas que expresan visiones opuestas  acerca de la relación entre democracia, pueblo y poder en los regímenes políticos democráticos. Dos visiones dibujadas y un abismo de por medio en el vasto espacio geopolítico latinoamericano y caribeño.

La primera de las concepciones traza la arquitectura de las democracias de fachada y represión, cuyo sustratoideológico es un pensamiento liberal remozado y neoconservador con tintes religiosos, que agota la participación popular en unos pocos actos rituales como es la celebración de comicios periódicos de los cargos de libre elección, para mantener una cara constitucional que la legitime y la representación para invocar el poder derivado del mandato popular. Un pueblo sin rostro y de obediencia pasiva, cuya voluntad es actuada por fuerzas partidistas y liderazgos que se mueven en el espectro político de la derecha radical con expresiones fascistas, hasta la centro derecha como límites.

Es una democracia de masas, pero sin pueblo como sujeto social. Pues al final del camino, esta democracia, siendo neoliberal, es funcional a la inserción regional en el marco de la globalización capitalista. El gobierno de facto de Jeanine Añez en Bolivia, instalado con apoyo militar, de sectores económicos y la jerarquía eclesiástica; o el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, que alcanzó la presidencia con el partido Social Liberal (conservador), el apoyo del gran capital y la influencia creciente de las iglesias evangélicas, son ejemplos de esa mezcolanza nueva entre autoritarismo, religión y rasgos populistas, pero finalmente sin mayor apoyo popular.

Cuando no, son el reflejo de alianzas entre sectores políticos conservadores, el capital industrial y financiero dependiente con la iglesia católica y las fuerzas armadas, como los gobiernos de los empresarios Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Guillermo Lasso en Ecuador, Luis Lacalle en Uruguay e Iván Duque en Colombia. En particular, este último pone de manifiesto más que ningún otro, el contrasentido del rasgo que termina siendo clave en la democracia de fachada del Estado de excepción no declarado y el autoritarismo para reprimir duramente las movilizaciones ocurridas durante las convocatorias de Paro Nacional colombiano y ser permisivos, no obstante, con las prácticas de narco-paramilitarismo empleadas para hacer limpieza, llevando a cabo masacres y asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados con los Acuerdos de Paz suscritos en 2016. Otro tanto cabe decir del caso chileno, en la etapa previa que llevó al presidente Sebastián Piñera y los sectores políticos de la derecha a aceptar a regañadientes la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que habrá de terminar de cerrar la larga etapa de la dictadura pinochetista.

Finalmente, se trata de una democracia de naturaleza elitista que plantea la reforma del aparato institucional y adopta mecanismos censitarios para bloquear, desmovilizar y reprimir las crecientes presiones y demandas sociales, por lo que se vuelven impopulares, siendo capaz de patear la mesa para recomponer el juego político democrático ante el avance del progresismo que pone en peligro sus intereses. Para ello, desdibujan la nítida separación del golpe de Estado militar tradicional con la apariencia de legalidad del Estado de Derecho que adopta procedimentalmente decisiones judiciales y parlamentarias democráticas que caracterizan los juicios políticos y judiciales que llevan a las inhabilitaciones, destituciones y encarcelamientos. Son los golpes parlamentarios y judiciales puestos en práctica en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, el presidente Evo Morales en Bolivia y los ex -presidentes Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, Mel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay y la vicepresidenta argentina Cristina Fernández. Un rasgo común a  todos ellos es impedir a toda costa el ascenso de líderes de la corriente progresista latinoamericana.

El correlato económico de la democracia de fachada representativa es el modelo económico neoliberal que debe asegurar una economía abierta y de libre mercado, seguridad jurídica e incentivos a la inversión extranjera, libre repatriación de capitales y régimen de incentivos en el marco de economías dependientes insertas en el sistema global. Esto, para lograrse, ha de sacrificar el contenido del Estado de justicia social, sustituido por unos derechos sociales mínimos y políticas sociales selectivas y focalizadas.

En medio de la sorpresa ante el movimiento pendular y avance de la primera oleada de gobiernos progresistas (1999-2012) en la región, que bien representaron el triunfo del presidente Hugo Chávez en Venezuela (1998), seguido poco después por Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador y otros más; a lo que habría que sumar la impopularidad y fracaso de las gestiones de  empresarios-presidentes, la derecha internacional ha promovido en las dos últimas dos décadas apoyada en centros de investigación, organizaciones no gubernamentales (ongs), tanques de pensamiento, instituciones parlamentarias y hasta agencias gubernamentales estadounidenses y europeas, la promoción de acciones y programas de ayuda financiera a grupos y partidos políticos a lo largo de la región, con el discurso de la democracia y los derechos humanos para fortalecer una corriente de derecha conservadora latinoamericana que llene los espacios de centro y centro izquierda que tradicionalmente abarcaban las corrientes socialdemócratas y socialcristianas en la política latinoamericana, para contraponerse en la lucha política ideológica a las distintas variaciones de centro izquierda e izquierda que encuentran cabida en el progresismo. Ejemplos de esto son el apoyo y conexiones de la USAID y la NED de Estados Unidos, así como el Partido Popular español, con las organizaciones partidarias Voluntad Popular y Primero Justicia en Venezuela; o de las primeras a partidos y dirigentes de la derecha boliviana opositora a las políticas nacionalistas de Evo Morales en su momento.

La otra visión es la democracia participativa, la cual cobra de nuevo fuerza tras la segunda oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos con López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y Pedro Castillo en Perú; sumándose a los gobiernos más fortalecidos de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua; así como las opciones electorales de Gustavo Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil, el ascenso de nuevas organizaciones y liderazgos en Chile con el movimiento asambleario constituyente y la presidencia de Díaz Canel en Cuba.

La democracia participativa ha llegado a denominarse de varios modos: revolución ciudadana en Ecuador; democracia plural intercultural y comunitaria en Bolivia; democracia participativa y protagónica en Venezuela. También cabe incluir en esta categoría, bajo la forma de Estado socialista, a la democracia popular en Cuba. A fin de cuentas, son todas democracias impregnadas de una visión nacionalista, inclusiva y de igualdad  que coloca al pueblo como sujeto activo de la construcción del Estado e impulsa la justicia social y la progresiva formación de un Poder Popular con peso específico en la orientación y control de las políticas públicas y la acción protagónica en la gestión de gobierno.

La participación es, por tanto, medular a esta concepción. Ejemplos de esto es la noción de Pueblo Legislador en Venezuela, que hace del ciudadano común un impulsor del quehacer legislativo. De igual manera, la creación del Poder Comunal con instituciones novísimas como el Consejo y el Parlamento Comunal. En el caso de Bolivia cabe mencionar la creación por norma constitucional de la jurisdicción indígena originaria campesina, reconocida a las naciones y pueblos indígenas. Por su parte, la Constitución de Ecuador (2008) consagra la participación popular en todas las instancias de gobierno en la planificación, evaluación y control de la gestión pública. No obstante, este proceso iniciado con la presidencia de Rafael Correa ha sido detenido bajo los mandatos de derecha de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

El correlato de esta democracia, siendo el norte la justicia social, es la economía social; la cual antepone el vasto tejido de derechos económicos, sociales y ambientales a la explotación económica y el modelo de desarrollo capitalista global. Una economía para la satisfacción de necesidades sociales y aseguramiento de los derechos humanos de la población.

La democracia latinoamericana es una obra inacabada, sólo los pueblos con su firme voluntad, clara conciencia y lucha esculpirán su contenido y en ese camino se transformarán a sí mismos en el sujeto de sus historias nacionales, cuya suma, más allá de sus diferencias y especificidades, hace la Patria Grande latinoamericana y caribeña.

Por Francisco Rodríguez

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