A propósito de Maduro, Duque, Piñera y la Madre Teresa | Por Atilio A. Boron

Recientes declaraciones de la Cancillería argentina vuelven a reproducir las habituales monsergas que la Casa Blanca dirige al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Críticas que se caen por su propio peso y que si no lo hacen es debido al funesto oligopólico mediático que el imperio y sus secuaces construyeron para desinformarnos, confundirnos y llevarnos de las narices. Por ejemplo, acusar al “régimen de Maduro” (nótese que todos los gobiernos adversarios de Washington son “regímenes”; en cambio, ni el feroz despotismo medieval de Arabia Saudita para ni hablar del criminal narcogobierno de Iván Duque merecen tal apelativo) de hambrear a su pueblo y no cuidar la salud de su población mientras somete Venezuela a un férreo bloqueo que … ¡impide la llegada de los alimentos y medicamentos que Caracas había comprado (y pagado) de antemano! Pocas veces la historia universal ha registrado una adicción tan extrema al doble discurso y a la hipocresía política como las que la Casa Blanca exhibe desde hace ya largas décadas, síntoma inequívoco de la insanable declinación de su poderío imperial.

Acosado por la canalla mediática que fiel a sus patrones exige que el gobierno argentino estigmatice a Venezuela como una dictadura Felipe Solá procura escapar por la tangente y califica de “irregular” la situación del Estado de Derecho en ese país. Pontificar desde la Argentina sobre el imperio del derecho en otros países es un ejercicio que requiere un cierto grado de temeridad, desmemoria o ignorancia. Basta con recordar los más de mil días de prisión de Milagro Sala, todos aquellos que pasaron años en prisión preventiva (amén de los muchos que todavía quedan en esa situación) y la obscena prostitución de la Justicia Federal para que cualquiera nacido en este país tenga cierta cautela al juzgar la situación de Venezuela. Solá reconoció, y no es un dato menor, que el gobierno de Nicolás Maduro tiene un origen legítimo pero también que su relación con la “oposición dura” (o sea, la que representa el interés de Washington por apoderarse del petróleo y el oro venezolanos) “es cuasi bélica”. Consciente que se deslizaba por una peligrosa pendiente que remataba en una postura indefendible e incoherente con previas declaraciones del presidente Alberto Fernández apeló a una pirueta retórica e introdujo un matiz diciendo que Venezuela “está terriblemente golpeada por el precio del petróleo y por la cantidad de sanciones y bloqueos que tiene”. Allí estuvo bien, aunque tendría que haber profundizado en esa línea de pensamiento. No lo hizo y en su lugar perdió el control del vehículo y desbarrancó al decir que, desgraciadamente, en ese país “Hay una gran facilidad para meter presos políticos, luego los suelen largar, aunque no siempre. El gobierno es autoritario, sin dudas.”[1] Sólo falta que hoy nuestro Canciller declare, en línea con lo que ayer dijera el impresentable Mike “Vito Genovese” Pompeo, que el mundo libre debe forjar una alianza para derrotar a la “tiranía china” para que los zombies decimonónicos que pueblan el Palacio San Martín griten alborozados: “¡cartón lleno!”

Unos pocos datos concretos son suficientes para demostrar los gruesos yerros del discurso del Canciller. Sería bueno, para comenzar, que hablara con el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para que se informe del talante moral de esa “oposición dura”, que saboteó a última hora un acuerdo entre gobierno y oposición que el español había pacientemente labrado durante meses de arduas negociaciones. Una oposición que declaró que su único objetivo era la “salida” de Maduro y que organizó dos criminales intentos sediciosos, las “guarimbas” del 2014 y 2017, que ocasionaron centenares de muertos, heridos y una cuantiosa destrucción de propiedades públicas y privadas. Una oposición que durante un tiempo aceptó como “presidente encargado” a un ilustre desconocido designado como tal por el presidente de Estados Unidos, que desde hace meses no cesa de despreciarlo públicamente ante la constatación de su absoluta nulidad como político. Parecería que para Solá estos datos sobre la naturaleza del sector más vociferante y violento de la oposición venezolana son meras nimiedades, pero no lo son. Y calificar al gobierno de Maduro de adoptar una actitud “cuasi bélica frente a una oposición armada que actúa completamente por fuera de las reglas del sistema institucional es un grosero error de apreciación. ¿Calificaría de la misma manera la conducta del gobierno de Carlos S. Menem (de quien fue ministro) cuando ordenó aplastar a sangre y fuego la rebelión “carapintada” encabezada por Mohamed Alí Seineldín en 1990, que causó muchísimas menos víctimas fatales que la oposición violentista en Venezuela? ¡Por favor, seamos serios y cuidemos las palabras! Y en cuanto a la “facilidad para meter presos políticos” o para practicar todas las malas artes del “lawfare” la Argentina de los últimos años ha llegado a alturas casi inigualables en esa materia: aprobó la licenciatura, la maestría, el doctorado y el posdoctorado en “Reglas para Violar el Estado de Derecho”. Este desempeño debería ser un baño de sobriedad para todo alto funcionario de nuestro país, evitando caer en la tentación, o en el ridículo, de sermonear a otro gobierno por lo menos hasta que hayamos realizado la reforma del poder judicial que propone el gobierno para acabar con la herencia macrista de una justicia federal corrupta hasta la médula e inextricablemente vinculada al crimen organizado y los servicios de inteligencia estadounidenses.

Pero supongamos que la tremenda presión de Washington y sus secuaces locales –la “prensa libre” y la derecha económica y política- obliga a nuestro Canciller a pronunciar la palabrota deseada: “dictadura”, que hay que reconocer para crédito de Solá que rehusó hacerlo. Aún así, y pensando en un gobierno que ha declarado su voluntad de avanzar en la reconstrucción de la unidad latinoamericana (o por lo menos sudamericana) sería bueno medir cuidadosamente las palabras y antes de hablar de Venezuela dar una ojeada para ver qué ocurre en el vecindario. Si Maduro es autoritario y por lo tanto el suyo es un “régimen”, ¿qué decir entonces del gobierno de Iván Duque en Colombia? Según el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Poso, “desde que se suscribió el acuerdo de Paz entre el Gobierno y las extintas Farc hasta el 15 de julio de este año, fueron asesinados 971 líderes sociales en Colombia.” No sólo eso: según la misma organización “entre el 7 de agosto de 2018 y julio de 2020, lo que lleva Iván Duque como presidente, han asesinado a 573 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia.” [2] ¿Cómo caracterizar a un régimen político que perpetra tan interminable masacre? Por comparación con Duque, Maduro es la Madre Teresa de Calcuta, pese a lo cual ningún al Canciller no se le pasa por la cabeza caracterizar al gobierno colombiano como autoritario. Mucho menos lo hacen los hampones que pululan en la Casa Blanca y los alrededores, para los cuales Duque es el Winston Churchill sudamericano. El malo de la película es el venezolano, así lo dice el libreto que viene del Norte y así lo repiten algunos.

Pero supongamos que nuestra cancillería no conoce demasiado lo que ocurre en Colombia porque la prensa y los medios que lee “la Casa” (eufemismo que designa al fosilizado estamento diplomático de la Argentina) jamás le proporciona tan incómodas estadísticas o noticias “incorrectas”. Además es cierto que si hay un país blindado mediáticamente en Latinoamérica ese país es Colombia; el otro es Brasil. Bien, pero, ¿se puede desconocer tan olímpicamente la trágica realidad que vive un país como Chile, con quien compartimos 5.308 kilómetros de frontera? No debería suscitar alguna preocupación en nuestra Cancillería saber que, como lo suscribe un informe oficial del Poder Judicial chileno “desde el inicio del estallido social el pasado mes de octubre las detenciones ilegales fueron 1928, o sea subieron en un 77 % con relación al año anterior”. [3] El estallido social, reavivado en las últimas semanas, ocasionó el año pasado 34 muertos, 2.500 presos políticos, 3.765 heridos y 445 lesionados oculares, un buen número de los cuales perdieron totalmente la vista.[4] Aparte hay numerosas denuncias por torturas y vejaciones y por lo menos 20 desaparecidos tan sólo en la primera semana que siguió al inicio de las protestas el 17 de octubre del 2019.[5] El gobierno de Sebastián Piñera se limita a decir que se trata de unos muy pocos casos puntuales, que no hubo un plan sistemático. Nada ni remotamente parecido ocurre en Venezuela, pero no importa. Igual su gobierno es “autoritario” mientras que Piñera, al igual que Duque, es el arquetipo viviente de la democracia, un deslumbrante paladín que todos deberían imitar. Además, téngase en cuenta que en Chile la oposición a Piñera fue completamente pacífica y desarmada, pese a lo cual fue reprimida con ferocidad mientras que las “guarimbas” venezolanas hicieron gala de una violencia extrema, al punto de prender fuego vivas a por lo menos una veintena de personas supuestamente por el delito de “portación de cara” chavista.[6]
No es más reconfortante la situación si volteamos nuestra mirada a la situación del Ecuador, en donde todavía manda un traidor rastrero y corrupto que ha tomado en sus manos la totalidad de los poderes del estado con tal de perseguir a Rafael Correa y la fuerza política que lo representa. Moreno arrasó con el Estado de derecho con perversa meticulosidad, y ante el levantamiento popular del 2019 desató una represión que produjo según inverosímiles informes oficiales un saldo de cinco muertos y 855 heridos. No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció la existencia de casi 108 desaparecidos.[7] Ni una palabra en relación al “régimen” ecuatoriano, que es una dictadura unipersonal apenas disimulada con ligeros ropajes de institucionalidad democrática y en donde se abolió por completo y a plena luz del día la separación de poderes y la institucionalidad vigente hasta su llegada a la presidencia. Pero el “autoritario” es Maduro, no Moreno.

Finalmente veamos el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras: este es un “malandro de corbata y credencial”, como dice la bella canción de “Chico” Buarque. Desde el 2009, cuando Hillary Clinton orquestó el golpe de estado contra Juan Manuel “Mel” Zelaya (que tomó por sorpresa al propio Barack Obama, que no estaba al tanto de las tramoyas que su Secretaria de Estado urdía a sus espaldas) no hubo una sola elección legal y legítima en ese país centroamericano. Uno de los factores que explican este infortunio es que, para su desgracia Honduras alberga en Palmerola la sede de la Base Aérea «José Enrique Soto Cano» y la “Fuerza de Tarea Conjunto Bravo”. La de Palmerola es una de las más importantes bases que Estados Unidos tiene en este continente, y junto con la de Palanquero en Colombia y Mariscal Estigarribia en Paraguay conforma el eslabón de reabastecimiento y logística que permiten a las fuerzas del Comando Sur llegar desde el sur de la Florida hasta la Patagonia argentina en escasas 24 horas. Por eso para la Casa Blanca Hernández es un héroe de la democracia centroamericana, pese a que su re-elección en noviembre del 2017 fue un fraude tan descarado que el mismísimo Luis Almagro, figura consular de la cloaca política de la región, tuvo que comunicarle al gobierno que ante “tantas irregularidades y deficiencias era imposible validar el resultado de las elecciones.” Según cuentan los testigos con casi el 60 % de las boletas escrutadas Hernández perdía por 5 puntos y el Tribunal Supremo Electoral indicó que la ventaja era matemáticamente irremontable. Sin embargo, imprevistamente, se “cayó el sistema” lo que produjo una interrupción de varias horas en el conteo de los votos. Este recurso no fue un invento hondureño porque antes, el 7 de Julio de 1988, lo había utilizado el PRI en México para consagrar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari cuando los datos iniciales daban una cierta ventaja a Cuauhtémoc Cárdenas¨. Tal como ocurriera en México lo asombroso fue que cuando los servidores del TSE se reiniciaron Hernández había tomado la delantera y terminó ganando la elección por unos 50.000 votos. Realismo mágico al mejor estilo de Gabriel García Márquez: en Latinoamérica cuando las computadoras de los organismos electorales “se caen” siguen funcionando, y al reiniciarse muestran los resultados de su labor, siempre favoreciendo a la derecha y a los oficialismos de turno. Por supuesto, al conocerse este resultado se desencadenaron grandes protestas –recordar que sobre ese gobierno pesaba como una lápida la furia popular por el infame asesinato de Berta Cáceres- y, como resultado de ello hubo 31 personas muertas y centenares de heridos. El Departamento de Estado demoró casi un mes en legitimar la escandalosa maniobra de Hernández, a la cual de inmediato se plegó dócilmente la OEA.[8] Para colmo, en fechas recientes el delfín del imperio comenzó a ser perseguido judicialmente por fiscales de Estados Unidos por su involucramiento en el tráfico de estupefacientes y es muy probable que termine sus días en la sombra.[9] Pero no por eso se lo va a fulminar como “autoritario”, naturalmente.

Por supuesto que para el gobierno de Mauricio Macri todas estas aberraciones no constituían un problema. Pero, para el de Alberto Fernández, que aspira junto con López Obrador a reconstruir la unidad latinoamericana y que ha condenado ejemplarmente la brutal dictadura de Jeannine Añez en Bolivia (y ofrecido protección y asilo a Evo Morales, Álvaro García Linera y a muchos militantes de aquel país) seguir caracterizando al gobierno de Maduro por “autoritario” es injusto y, además, contradictorio. Porque si de enjuiciar se trata, la propensión de ciertos altos personeros del gobierno argentino de referirse continuamente a Venezuela (es cierto que respondiendo al incesante hostigamiento de los medios hegemónicos, formidables enemigos de la democracia y del gobierno de Fernández) mientras se guarda silencio en relación a los delitos y atrocidades perpetradas por Duque, Piñera, Moreno y Hernández revela una seria incomprensión de los asuntos de la región. Y a partir de ese déficit no será posible gestar una agenda diplomática coherente con el interés nacional de la Argentina en un sistema imperialista sumido en una tormentosa y amenazante transformación.

Termino con lo siguiente. La democracia tiene en la calidad de la vida de la ciudadanía su rasgo más distintivo. Por eso el cuidado de la salud de la población es uno de sus signos definitorios. Una “democracia” que deja que su gente muera de hambre, o víctima de enfermedades, o incapaz de garantizar la salud de la población no es digna de ese nombre. Es una forma (sutil en algunos casos) de dictadura pretendidamente disimulada con algunos ropajes democráticos. Por eso la respuesta de los diversos gobiernos ante la amenaza del coronavirus arroja un potente haz de luz para caracterizar la verdadera naturaleza de los regímenes políticos de la región. Tomemos como indicador la tasa de mortalidad por millón de habitantes registrada el 23 de Julio. Comprobamos con asombro que la bloqueada Venezuela tiene una de las más bajas del continente, producto del carácter público del sistema de salud: 4 muertes por millón de habitantes. Chile es supuestamente una democracia, pero los muertos debido al Covid-19 trepan a 462 por millón de habitantes, o sea 115 veces más que en Venezuela. No hace falta ser un genio para constatar lo que puede garantizar un sistema público de salud, aún con el lastre del bloqueo, y lo que es incapaz de hacer un sistema privatizado como el que rige en Chile. La ejemplar “democracia” estadounidense presenta registra un índice de 445 muertos por millón de habitantes, o sea, 111 veces más que Venezuela. ¡Un escándalo! A título de comparación el promedio mundial es de 81.4, veinte veces superior al estándar venezolano. En la impoluta Colombia de Duque esta tasa es de 145, o sea, 36 veces mayor que Venezuela. En Brasil recordemos que Jair Bolsonaro llegó al gobierno previo “golpe blando” contra Dilma Rousseff , la proscripción (“lawfare” mediante) de Lula y la farsa de la puñalada que con la complicidad de los grandes medios de comunicación le permitieron rehuir a los dos debates presidenciales exigidos por la ley en donde, al hablar, habría espantado a gran parte de su potencial electorado. Las credenciales democráticas del actual gobierno brasileño son nulas y allí se aplica, según Frei Betto, una política genocida que da origen a un índice de 395 muertos por millón de habitantes, ¡98 veces mayor que la tasa venezolana! Pero a no confundirse: Brasil es una democracia; el “autoritario” es Maduro. En el Ecuador de Moreno el cociente es de 286 por millón, 71 veces más que en Venezuela; y en la Honduras del narcogobernante Juan O. Hernández es 101, o sea, 25 veces mayor que Venezuela. En Argentina la tasa es de 58 por millón, y pese a ser una de las mejores de Latinoamérica –cosa reconocida por los más diversos gobiernos y organismos internacionales- aún es 14 veces mayor que la de Venezuela. Y en los países bloqueados y sancionados económicamente por Washington es de 16 en Nicaragua y 8 en Cuba, que por eso fue capaz de responder a 35 países que desde los más diversos continentes solicitaron ayuda médica y farmacéutica a la isla rebelde. Recientemente lo hizo nada menos que la ciudad de San Francisco, California. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ¿cómo es posible que se siga hablando tan a la ligera de autoritarismo y crisis del Estado de Derecho en un país cuyo gobierno, pese al bloqueo y las sanciones económicas, ha sido capaz de proteger a su población como lo ha hecho? Da para pensar, ¿no?

Fuente: MPPRE

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