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El carácter soberano e independiente de Venezuela son cualidades inaceptables para el gobierno de Estados Unidos (EEUU), que desde la caída de la IV República en 1998 emprende una campaña para instaurar una administración que favorezca los intereses hegemónicos de la oligarquía, especialmente en el área económica, financiera y comercial.
Los recursos energéticos, naturales y minerales de la nación suramericana son la causa del asedio continuado de Washington, siendo un eje central para el desarrollo de maniobras ilegales orientadas a la apropiación de los activos que se encuentran fuera de nuestras fronteras.
La estructura de “gobierno paralelo”, encabezada por el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien se autoproclamó “presidente encargado” en un acto inconstitucional en una plaza pública, fue el medio utilizado para asestar un golpe contra el Estado de Derecho y avalar operaciones criminales en detrimento de la estabilidad nacional.
La presión económica contra el Gobierno Nacional, que se oficializó en 2015 con la emisión de la Orden Ejecutiva N° 13.692, ha estado dirigida a obstaculizar las operaciones vitales de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tales como el refinanciamiento de la deuda.
En agosto de 2017, la administración de Donald Trump, prohibió a ciudadanos y empresas norteamericanas negociar nuevas emisiones de deuda y bonos de Pdvsa, así como la repatriación de los dividendos generados por Citgo Petroleum Corporation, filial que opera en territorio estadounidense.
La medida se tradujo en una agresión directa a las finanzas del Estado, dado que Citgo proporcionó alrededor de 2,5 millones de dólares en ganancias a Pdvsa desde al año 2015. A ello se sumó la pérdida de 7.000 millones de dólares en bienes y de 11.000 millones de dólares en exportaciones, producto de la imposición de sanciones a la refinería venezolana en enero de este año.
La estafa comenzaba a materializarse. Bajo la dirección de Juan Guaidó, el Parlamento Nacional, cuyos actos son jurídicamente nulos a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designó en febrero una nueva junta directiva de Citgo, integrada por seis ciudadanos con vínculos estrechos con empresas norteamericanas del sector petrolero, financiero y alimenticio.
Guaidó, aseguró que la decisión protegería los activos venezolanos y evitaría la pérdida de la empresa, sin embargo, terminó por acelerar la apropiación ilegitima de la refinería por parte del Gobierno de EEUU y su endeudamiento por 1.300 millones de dólares.
El Ejecutivo acusó al prófugo de la justicia venezolana, Carlos Vecchio, quien figura como falso “embajador” de Venezuela en EEUU, de sustraer 70 millones de dólares al alterar la contabilidad de la filial de Pdvsa para el pago de intereses de supuestos bonos 20-20.
Fraude transnacional
Los intereses transnacionales han guiado el accionar del “interinato” de Guaidó, quien confió en el también falso “procurador especial” José Ignacio Hernández la representación de los intereses del Estado y la defensa de los activos confiscados en el extranjero.
Hernández, quien estuvo vinculado con las multinacionales Owen Illinois y Crystallex, en procesos de arbitraje contra Venezuela, elaboró un documento legal que justificaba la transferencia de la causa a la estatal Pdvsa, con el objetivo de que Citgo cancelara las indemnizaciones que determinaran tribunales norteamericanos.
La demanda de Owen Illinois contra Pdvsa, se realizó en febrero de este año ante un tribunal de Delaware. La transnacional del vidrio exigió el pago de 500 millones de dólares como compensación por la expropiación de dos de sus plantas en 2010.
De acuerdo con una investigación del blog venezolano La Tabla, Hernández percibió 163.000 dólares por brindar asesoría legal y elaborar el informe que abría paso al embargo de Citgo.
El principio argumental del “alter ego” afirma que Pdvsa no es una entidad separada del Estado venezolano, por tanto al entenderse como la misma entidad jurídica permite que terceros ejecuten las acciones de PDV Holding, propietaria de las acciones de Citgo.
Caso Crystallex
Esta tesis se empleó en la disputa legal con la minera canadiense Crystallex, que interpuso una demanda por la supuesta expropiación de un proyecto aurífero en 2011. No obstante, la empresa no contaba con derechos de propiedad sobre la mina de oro Las Cristinas y el contrato de operaciones de servicios que mantenía se revocó con la entrada en vigencia del Plan Ambiental 2007-2009.
En agosto de 2018, una sentencia del juez Leonard P. Stark del Tribunal de Distrito en Wilmington, estado de Delaware, autorizaba a Crystallex disponer de acciones de Citgo para cubrir una indemnización de 1.400 millones de dólares.
La Corte Federal de Apelaciones de EEUU, ratificó en julio pasado la confiscación de los activos, después de desestimar la apelación presentada por la estatal Pdvsa.
Dos meses después, el Tercer Tribunal de Apelaciones dictaminó que la minera canadiense reanudara una demanda de cobro de deudas contra Citgo. El fallo revocó una medida anterior que suspendía temporalmente la venta de acciones.
Ambas causas jurídicas representaban un conflicto de intereses para el “procurador especial” de Guaidó, razón por la cual el Ministerio Público (MP) inició una investigación penal en su contra por su “participación fraudulenta” como representante de Venezuela ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EEUU en Filadelfia.
El Gobierno Nacional, reveló que el fraude material y procesal contra el Estado fue planificado con antelación por Juan Guaidó, Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández, aludiendo pruebas contenidas en el teléfono de Roberto Marrero, operador político del autoproclamado y que resultó detenido por su implicación en delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
“Es una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Es una gran estafa mundial que busca perturbar la defensa legítima del Estado venezolano frente instancias internacionales”, alertó en julio la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez.
Entreguismo territorial
En simultáneo a la apropiación ilegal de los activos de Citgo, el diputado en desacato y sus colaboradores planificaban –desde principios de año- la entrega del territorio Esequibo a la ExxonMobil y otras transnacionales petroleras, atentando así contra la soberanía nacional.
Una conversación telefónica entre la “embajadora” ante el Reino Unido, Vanessa Neumann, y el asesor externo de Guaidó, Manuel Avendaño, develó que la cesión de la Guayana Esequiba perseguía la ampliación del respaldo al supuesto interinato, desconociendo la posición de defensa de los derechos legítimos de Venezuela sobre ese territorio.
“El tema número uno que nos ha identificado el Foreign Commonwealth & Office (Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones de Gran Bretaña) es que no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana”, dijo Neumann en la grabación presentada el pasado 5 de agosto.
Durante la conversación, reafirmó que su línea es “no tocar el tema” por lo que sugirió a la “embajadora” ante Brasil, María Teresa Belandria, no aconsejar a nadie a opinar sobre Guyana.
“Un político que negocia el Esequibo no puede tener sino el rechazo del pueblo, un político que se roba los activos de Venezuela no puede sino tener el rechazo del pueblo, esto es un tema nacional. El único que se ha desmarcado es Juan Guaidó con su pandilla de ladrones”, afirmó Delcy Rodríguez.
A causa del “proyecto antinacional” que se gesta contra Venezuela, el MP abrió una investigación penal a Juan Guaidó, Vanessa Neumann y Manuel Avendaño por su presunta implicación en delitos tipificados como traición a la Patria.
Frontera occidental
El diputado en desacato negoció la entrega de la frontera occidental de Venezuela al grupo narcoparamilitar Los Rastrojos, quienes tendrían libre tránsito por la zona ante “un hipotético y eventual gobierno” del diputado en desacato.
La denuncia fue realizada el viernes 20 de septiembre por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien precisó que la garantía del acuerdo eran las fotografías donde aparece Guaidó con, al menos, cuatro integrantes de la banda criminal colombiana.
Las gráficas serían una “base a futuro para que la organización Los Rastrojos se pudiera mover libremente por todo el sector de la frontera sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del Gobierno”.
La entrega de la soberanía en un contrato
Con suficientes elementos probatorios, autoridades venezolanas comprobaron que la incursión militar en aguas venezolanas por parte de mercenarios el pasado 3 de mayo, denominada “Operación Gedeón”, llevaba consigo un plan magnicida, violencia, muertes y de entrega de la República Bolivariana de Venezuela a EEUU, a través de un contrato firmado entre Juan Guaidó y el veterano de guerra y mercenario estadounidense Jordan Goudreau con su empresa Silvercorp.
Con una especie de licitación comercial, Guiadó y su tren de asesores entrevistaron al menos seis empresas de seguridad gringas, quedándose con el encargo Silver Corp.
El Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, mostro sendas pruebas de esta negociación y refirió que “Guaidó cancelaría al contratista un anticipo no reembolsable de 1 millón 500 mil dólares para pagar mensualmente al contratista (Silvercorp) después de la culminación del proyecto un mínimo de 10 millones de dólares”.
Convictos y confesos tanto, Juan José Rendón y Cliver Alcalá Cordones, el primero asesor de Guaidó y el segundo ex militar y prófugo de la justicia, aceptaron públicamente la existencia de este contrato para vender la patria que también fue develado por medios internacionales y por periodistas de la derecha que ofician fuera de nuestra nación.
En ese contexto, una vez más queda en evidencia el carácter entreguista de la ultraderecha venezolana y sus acólitos en el extranjero que están a la caza de las riquezas del país para beneficiar a las élites mundiales.
Fuente: MPPCI