Fiscal General: No se puede tipificar que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico

La República Bolivariana de Venezuela, representada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, realizaron una invitación a la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que visite el país y pueda conocer de cerca cómo se realizan las investigaciones en el sistema de justicia para sancionar casos individuales de violaciones contra los derechos humanos. 

La invitación se efectuó el pasado 04 de noviembre cuando la Fiscal de la CPI con  sede en La Haya, Fatou Bensouda, recibió formalmente junto a su equipo de trabajo a ambos funcionarios venezolanos, luego que el Estado venezolano solicitara el encuentro para fortalecer los lazos con este organismo. 

El fiscal general de la República, Tarek William Saab aseguró que durante el encuentro aportaron detalles de los avances del sistema de justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los Derechos Humanos y ratificaron el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones para investigar, imputar, acusar y condenar a los responsables de dichas acciones, tal como efectivamente lo ha venido haciendo el Ministerio Público y los Tribunales competentes en el país. 

Saab aclaró que actualmente la CPI analiza dos cuestiones sobre Venezuela, referidos a la llamada “Venezuela I” sobre presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de acciones de violencia política.

“Este estudio inició en febrero de 2018. En este caso se investigan tanto acciones de las fuerzas de seguridad que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, como de actores privados que causaron lesiones y muerte a funcionarios del Estado”, explicó. 

También se evalúa en fase preliminar la denominada “Venezuela II”, relativa a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos “como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los E.E.U.U contra Venezuela, al menos desde el año 2014, en el que se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra el país.

El titular del Ministerio Público aclaró que tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior, la Fiscal Bensouda ratificó que ambas cuestiones Venezuela I y Venezuela II permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. “Es decir, todavía no se ha iniciado una investigación al respecto”, destacó al mismo tiempo que añadió que en esta etapa preliminar, procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana. 

Asimismo, Saab explicó que la Corte Penal Internacional no sustituye a la legislación penal de Venezuela, ya que esta tiene un carácter complementario al limitarse a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.

“La Corte solo tiene competencia, de conformidad con el Estatuto de Roma, respecto de: el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión. Como explica el Estatuto de Roma en su artículo 1, la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales,  es decir, que actúa solo cuando la jurisdicción nacional de un país no ha querido investigar crímenes que están bajo su competencia o no han podido hacerlo por determinadas circunstancias, para que un caso pase a la Corte, debe superar el proceso de revisión preliminar en el que se verificará que los delitos estudiados son de competencia de la Corte, y luego debe verificarse su admisibilidad, es decir, si existen elementos para que el caso sea admitido para iniciar una investigación”, sostuvo. 

El Fiscal General de la República, aseguró que en el caso de que la Fiscal llegara a concluir que en Venezuela han ocurrido delitos que se pueden enmarcar dentro de su competencia, el Estado está preparado para demostrar fehacientemente que los hechos de violencia y las violaciones a los DDHH se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley.

“Este comportamiento, reafirmado en la visita realizada la pasada semana, contrasta con la actitud de potencias como los Estados Unidos, que se ha negado a someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y ha llegado al exceso de sancionar (el pasado 2 de septiembre) a la Fiscal Bensouda y otro alto funcionario de la Corte, por investigar si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán”, denunció. 

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