Diplomacia Coercitiva II. Sanciones unilaterales de EE.UU. es un castigo colectivo contra la población civil

En la más reciente demostración de arrogancia imperial, los EE.UU. en su afán de profundizar su práctica de Diplomacia Coercitiva, sancionó al fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, y al jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina de la Fiscal, Phakiso Mochochoko. Los fiscales investigan los supuestos crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en el conflicto de Afganistán. Ambos han sido incluidos en la lista del Departamento del Tesoro: “Nacionales Especialmente Designados” (SDN, por sus siglas en inglés) que sanciona a terroristas y narcotraficantes.

Al respecto, el presidente de la Asamblea de los Estados Parte de la CPI, O-Gon Kwon, manifestó en un comunicado que las medidas coercitivas de Washington “solo sirven para debilitar nuestro esfuerzo común de luchar contra la impunidad de las atrocidades en masa”. (1)

Simultáneamente, el Embajador y Representante Permanente Alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín A. Pérez Ayestarán, expresó que se trata de “un acto sin precedentes y que en busca de suspender investigaciones judiciales en curso por la comisión de crímenes atroces, EE.UU. dio otra muestra de su desprecio por el derecho internacional al promulgar medidas coercitivas unilaterales contra la Fiscal y otros miembros de la #CPI”, mientras que la ONU señaló tímidamente, “su preocupación por las sanciones de #EstadosUnidos a los principales funcionarios de la Corte Penal Internacional, @IntlCrimCourt”. (2)

En enero de 2018, altos funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU., bajo el mando del secretario de Estado, Rex Tillerson, manifestaron en relación con el país: “Nuestra estrategia en Venezuela ha sido extremadamente efectiva. En el último año, sancionamos a más de 50 personas. El Grupo de Lima se unió a este esfuerzo y creó una entidad de presión hemisférica adicional en Caracas. El Gobierno canadiense también ha sancionado a individuos en Venezuela y la semana pasada la Unión Europea se unió a la campaña de presión internacional para detener a personas que violan los derechos humanos en Venezuela, que son responsables de prácticas antidemocráticas y que están robando el tesoro nacional del país. La campaña de presión está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto al Gobierno venezolano lo han obligado a comenzar a caer en default, tanto en deuda soberana como de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo debido a las malas elecciones del régimen de Maduro es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política está funcionando, nuestra estrategia está funcionando y vamos a mantenerla en manos de los venezolanos”. (3)

En enero de 2019, Idriss Jazairy, Relator Especial de la ONU, aseveró ante las graves consecuencias que estas medidas estaban causando en Venezuela, y su impacto negativo en el disfrute de los derechos humanos, que “El cambio de régimen a través de medidas económicas que probablemente conduzcan a la negación de los derechos humanos básicos y, posiblemente al hambre, nunca ha sido una práctica aceptada de las relaciones internacionales (…) Es difícil descubrir cómo las medidas que tienen el efecto de destruir la economía de Venezuela y evitar que los venezolanos envíen dinero a sus hogares pueden tener como objetivo ayudar al pueblo venezolano (…) Pido a la comunidad internacional que entable un diálogo constructivo con Venezuela, Cuba, Irán y los Estados Unidos para encontrar una resolución pacífica que cumpla con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, antes de que el uso arbitrario de la hambruna económica se convierta en nuevo normal”. (4)

Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, declaró: “Estoy profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América esta semana. Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables (…) Existe evidencia suficiente que muestra que las sanciones unilaterales con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud”. (5)

Acto seguido, el 3 de mayo de 2019 fue publicado un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), elaborado bajo la dirección de los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, en donde expresaron que “…las sanciones impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en el Convenio de Ginebra relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, de 1949, y la Convención de La Haya, relativa a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899”. Las consecuencias en vidas perdidas por culpa directa del bloqueo fueron estimadas por el CEPR en más de 40.000 personas fallecidas entre 2017 y 2018, y consideraron que la situación podría empeorar de mantenerse la situación. (6)

En la más reciente agresión contra la institucionalidad venezolana, los EE.UU. por medio de la OFAC del Departamento del Tesoro, impuso nuevas “sanciones” al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo; al procurador general, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, y al exdiputado y exgobernador David de Lima Salas.

Según la OFAC, estos altos funcionarios del Estado venezolano que han sido sancionados “han facilitado los esfuerzos del ilegítimo régimen de Maduro por socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela”, confesando sin tapujo alguno que las sanciones “son parte del esquema de interferencia electoral para evitar que se celebren elecciones parlamentarias libres y justas en diciembre de 2020”. (7)

Como consecuencia de esta nueva acción, el gobierno Bolivariano de Venezuela denunció una vez más ante la comunidad internacional “las agresiones intervencionistas del gobierno supremacista de Washington que, en violación del Derecho Internacional, pretende imponer ilegalmente medidas coercitivas unilaterales contra las instituciones democráticas venezolanas, en particular procurando interferir en la realización de las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para diciembre de 2020”.

“Queda claro que el valor sagrado de la democracia no es más que retórica vacía para un gobierno que se jacta de ser su principal defensor en el mundo. Con estas medidas ilegales, la Administración Trump pretende impedir lo inevitable. Ninguna presión externa podrá evitar que el pueblo venezolano ejerza su derecho al voto y decida su destino de manera soberana”, rezó el comunicado oficial. (8)

Como vemos, el régimen sancionatorio estadounidense contradice o va en dirección opuesta a los planteamientos trazados en la Agenda 2030, la cual constituye “un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo”.

Para ello, la Agenda Global estableció un plan que pretende construir un futuro sostenible y resiliente para las personas y el planeta; con base en la armonización de tres elementos básicos: el crecimiento, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

En otras palabras, promover “un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que cree mayores oportunidades para todos, que reduzca las desigualdades, mejore los niveles de vida básicos, fomente el desarrollo social equitativo e inclusivo y promueva la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas”; y así, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones. (9)

Sin embrago, un conjunto de gobiernos auspiciados por los EE.UU. parecen oponerse a que la gran mayoría de los países miembros de la ONU, desarrollen, coordinen e implementen las acciones necesarias para alcanzar tales objetivos, entre ellos la República Bolivariana de Venezuela.

Wilfredo Pérez Bianco

Doctor en Ciencias de la Información

Citas:

(1) CPI condena sanciones impuestas por EEUU a sus funcionarios. 03 de septiembre de 2020. Últimas Noticias. Recuperado el 12 de septiembre de 2020 de https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mundo/cpi-condena-sanciones-impuestas-por-eeuu-a-sus-funcionarios/

(2) Noticia ONU. Publicación de Twitter. 02 de septiembre de 2020, 5:32 p.m. https://twitter.com/NoticiasONU/status/1301271905203351553?s=03

(3) Reyes J.A. (2020) Explorando al agresor: la diplomacia coercitiva de los Estados Unidos y el caso Venezuela. Venezuela. En García G. y Zúñiga T. (Eds) Vértice de la Guerra del S.XXI, (II Parte). Pág. 131.

(4) Ídem. Pág. 135.

(5) Ídem. Pág. 135.

(6) Siris P. (2019). El costo del bloqueo contra Venezuela. Recuperado el 05 de septiembre de 2020 de http://mppre.gob.ve/2019/05/18/el-costo-del-bloqueo-contra-venezuela/

(7) EE.UU. sanciona a cuatro autoridades venezolanas, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral. 04 de septiembre de 2020. RT en Español. Recuperado el 07 de septiembre de 2020 de https://actualidad.rt.com/actualidad/365536-eeuu-sancionar-autoridades-venezolanas

(8) Venezuela rechaza maniobra de EEUU en su pretensión de interferir en elecciones parlamentarias. 04 de septiembre de 2020. Recuperado el 08 de septiembre de 2020 de http://mppre.gob.ve/comunicado/venezuela-rechazo-eeuu-pretension-interferir-elecciones/

(9) La Agenda para el Desarrollo Sostenible. Recuperado el 13 de diciembre de 2020 de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

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