FANB responderá con contundencia ante cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela

En los últimos días hemos podido apreciar una serie de eventos comunicacionales, generados por el gobierno colombiano para tratar de diluir la denuncia que se formulara el pasado 31 de enero de los corrientes, relativa al plan para un nuevo acto terrorista orquestado desde Colombia, en esta ocasión, contra el Parlamento venezolano; hecho que se suma a la larga lista de agresiones auspiciadas por la administración neogranadina, la cual se comporta como un gran campamento paramilitar que amenaza a la región entera y a sus propios ciudadanos, cual Estado fallido.Luego de la delación, la agencia Reuters y la revista Semana publicaron informaciones y reportajes tendenciosamente falsos, sobre la supuesta presencia de grupos disidentes de las FARC y del ELN en nuestro territorio. Simultáneamente y en comparsa, Iván Duque hizo referencia a la creación de unidades élite, como si nunca hubieran existido, para combatir dichos grupos.

Al mismo tenor, aprovechó para informar de manera cretina y majadera, la organización de equipos antinarcóticos. En este particular, salta a la vista que intenta palear el regaño del nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, quien al comparar las estadísticas, encontró un saldo descomunal en cuanto al incremento del tráfico y cultivo de drogas, por lo que le exigió una relación proporcional a los aportes y ayudas de Washington, en contraste a la abismal tolerancia y permisividad manifiesta.

Para bordar los titulares de la estrategia, también anunció la activación del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos, después de haber declarado que no los vacunaría contra la pandemia. De este modo, deja en evidencia su falta de sindéresis, tal como ocurrió el 23 de febrero de 2019, cuando se proclamaba paladín de la “ayuda humanitaria”, quedando al descubierto que solo se trataba de una celada para violar la soberanía de Venezuela desde Cúcuta.

Resulta incuestionable que en Colombia el recurso de la violencia es su insumo electoral preferido, como método de confrontar a los movimientos populares progresistas para evitar que den al traste con la oligarquía terrateniente que hoy comparte alternativa de poder junto al narcotráfico. En consecuencia, han decidido adelantar la campaña electoral de cara a las elecciones del 2022.

Todo esto ocurre y se provoca en paralelo a fin de ocultar la terrible crisis social, económica, política y sanitaria, que sufre esa nación. Pretenden borrar el padecimiento de setenta años de una cruenta guerra, en la que históricamente han fracasado, aun contando con el ostentoso apoyo financiero, logístico y militar de la primera potencia mundial; y que debido a su incapacidad, han querido desde siempre proyectar al territorio venezolano. Cabe recordar, que este conflicto armado tiene su origen en la desigualdad e injusticia que practica esa oligarquía dominante, violando sistemáticamente los derechos humanos, al parecer, casi con rango constitucional, pues reina la impunidad; situación que sin duda recrudecerá en el corto tiempo, ya que las variables objetivas de esa guerra civil permanecen intactas.

Conviene aclarar, que Venezuela solo ha intervenido en ese conflicto como mediador, a solicitud del propio gobierno colombiano, con el único propósito de apoyar en la búsqueda de una solución pacífica; y como parte de ese titánico esfuerzo, ha establecido los contactos pertinentes con ambas partes, respetando en todo momento el principio de autodeterminación de los pueblos y las normas del derecho internacional.

Pero Colombia ha decidido convertirse en un permanente centro de conspiración en contra de nuestro país. Desde allí se ha organizado un continuo y descarado injerencismo, atroces intentos de magnicidio, e incursiones armadas en las costas venezolanas bajo contratos mercenarios, estas últimas, precisamente en momentos cuando las instancias internacionales pedían un cese de hostilidades debido a la COVID-19. Todo lo anterior constituye una actitud agresiva, cuyas acciones bien podrían considerarse como actos de guerra.