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«Más temprano que tarde, Venezuela derrotará con el Derecho lo que Estados Unidos pretende imponer por la fuerza», expresó este viernes en su cuenta de Twitter el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, al informar que la República Bolivariana de Venezuela demandó a la nación norteamericana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que incumplen las normas internacionales de comercio.
Los fundamentos del Estado venezolano se enfocan, principalmente, en las medidas restrictivas y discriminatorias al comercio de bienes y servicios que violan principios de la OMC, como el trato nacional y de nación más favorecida.
Venezuela demandó hoy a EEUU ante la #OMC por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que incumplen las normas internacionales de comercio. Más temprano que tarde #Venezuela
derrotará con el Derecho lo que EEUU
pretende imponer por la fuerza. pic.twitter.com/Qbd5oxyYZw
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 26, 2021
Esta nueva denuncia se suma a la remisión que introdujo ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 13 de febrero de 2020, bajo el alegato de que las medidas coercitivas unilaterales que autoridades del Gobierno de EEUU vienen radicalizando sistemáticamente contra el pueblo venezolano, desde 2014, configuran crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma.
El 10 de marzo de este año, el Gobierno venezolano consignó ante la Fiscalía de la CPI nuevos elementos de prueba para sustentar su demanda, como son el informe preliminar de la relatora de la ONU, Alena Douhan, y el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de EEUU, que reconoce que las sanciones son para limitar las fuentes de ingreso al país suramericano.
El informe de la GAO, agencia del poder legislativo que fiscaliza al Gobierno federal de Estados Unidos, del 8 de febrero de 2021, admite los elementos subjetivos del crimen de lesa humanidad y reconoce el impacto negativo generado por las medidas coercitivas unilaterales sobre la economía de Venezuela y los derechos humanos de su pueblo.
Asimismo, el informe preliminar de la relatora especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, difundido el 12 de febrero de 2021 tras diez días de trabajo en el terreno, constata las consecuencias devastadoras de las medidas impuestas por autoridades del Gobierno estadounidense y de sus países aliados, sobre la vida y otros derechos humanos de la población civil de Venezuela.
Distintas instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH, se han pronunciado en rechazo a la imposición de estas medidas ilegales y han instado a su inmediata suspensión en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Al concluir el pasado 23 de marzo su 46° periodo de sesiones, el Consejo de DDHH de la ONU aprobó una resolución sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, en la que condena su carácter extraterritorial y exhorta a su eliminación, entre otras razones, debido a que crear obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, atentando contra el derecho de las personas y los pueblos al desarrollo.
Fuente: MPPRE