Negociaciones en México: las cosas en su lugar

La Mesa de Diálogo en México, instalada entre el gobierno constitucional venezolano y las fuerzas políticas opositoras, agrupadas en la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela, marca una nueva etapa en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto político vivido en el seno de la sociedad venezolana por espacio de dos décadas. A la vez, es continuación y parte de un proceso, el cual ha conocido una treintena de llamados gubernamentales fallidos al diálogo y el tira y encoje de numerosas mesas de negociación que han incluido gestiones de buenos oficios, conciliación y mediación internacional desplegadas con el apoyo de la UNASUR, el Vaticano y el Grupo de Contacto, incluyendo la conformación del Grupo de Boston, que incorporó a congresistas estadounidenses a favor de la distensión, aún cuando cada cierre dejó frustraciones y reclamos entre las partes que se percibían como adversarios con desconfianza y recelo, cuestionando la buena fe, falta de voluntad y exigencias desproporcionadas del otro para alcanzar un acuerdo en bien de todos, sin mencionar las interferencias externas y presiones  de Estados Unidos o la Unión Europea en las negociaciones.

Muy lentamente se fueron dando pasos tímidos para  encauzar el conflicto, en medio de un contexto de escalada caracterizado por agudas tensiones, como la llamada Salida (2014) o la Toma de Venezuela (2016), apoyadas y hasta conducidas por sectores opositores, recurriendo a métodos de violencia callejera, desobediencia civil e intentos de magnicidio que han dejado un balance enorme de pérdidas materiales y vidas humanas. Asimismo, las intentonas de rebelión militar con los golpes de Estado Azul (2015), el de Abril (2019) y la incursión desde territorio colombiano de la Operación Gedeón, en mayo de 2020, que significó por primera vez la puesta en escena de la tercerización de la guerra en territorio nacional. Todas estas formas de lucha implementadas estaban al margen de los cauces constitucionales e impactaron en las difíciles condiciones de gobernabilidad democrática, proyectando la imagen internacional del supuesto Estado fallido venezolano.

No obstante, un punto de inflexión en el equilibrio de fuerzas y el resquebrajamiento de la visión de la oposición como sector mayoritario ocurrió en septiembre de 2018, tras el rompimiento de la mesa de negociaciones en Barbados, con la oposición representada por la MUD y liderada por la derecha radical encarnada en Voluntad Popular (PJ) y Primero Justicia (PJ). En efecto, a la par que los sectores de la derecha mencionados pateaban la mesa, el gobierno promovió un diálogo con otras fuerzas políticas de derecha y centroderecha dispuestas  a negociar hasta suscribir el 16 de septiembre de 2019 el Acuerdo de la Casa Amarilla entre el gobierno nacional y los representantes del MAS, Avanzada Progresista, Soluciones para Venezuela y Cambiemos. Como resultado de este acuerdo, la bancada bolivariana se reincorporó a la Asamblea Nacional y se allanó el camino para las elecciones parlamentarias que estaban previstas (2020-2025), la escogencia de autoridades del nuevo Consejo Nacional Electoral y la excarcelación de un grupo de detenidos por las acciones violentas convocadas por los sectores de derecha, los mismos que se sentaban en las mesas de negociación que cuando no rompían cortésmente, simplemente las pateaban.

En este escenario, la actual ronda de negociación en México retoma en un sentido la mesa de Barbados, pero en un nuevo contexto complejo por la historia y la narrativa de los actores que intervienen, los asuntos que componen la agenda, la coyuntura en que ocurre, la percepción de las partes entre sí, el riesgo de posicionarse de nuevo ineficientemente y la urgencia de alcanzar el acuerdo por razones que difieren entre el gobierno nacional y los sectores opositores.

La historia previa

Pese a los esfuerzos por adoptar un esquema de ganancias compartidas, la realidad es que la historia previa ha construido una narrativa de intereses diametralmente opuestos, acusaciones de parte y parte y, finalmente, la caracterización de la negociación como juego suma cero, cuya lógica impone que la ganancia de uno es inversamente proporcional a las pérdidas del otro. En conclusión, hasta ahora, al menos con el sector radical de la derecha hay poco espacio de negociación y zona de acuerdo posible.

El breve recuento de las mesas de diálogo llevadas a cabo entre el gobierno nacional y la oposición, desde el año 2001 hasta la actualidad, narra una larga historia de desencuentros, a saber:

• El Diálogo entre la cúpula empresarial de Fedecámaras y el gobierno bolivariano por la adopción de un conjunto de leyes económicas (2001-2002) concluyó sin acuerdo.
• La Mesa de diálogo promovida por la OEA (2002-2003) no alcanzó acuerdo.
• El Grupo de Boston, conformado tras el golpe de estado por parlamentarios venezolanos y estadounidenses (2002).
• La Conferencia Nacional por la Paz, en la cual participó la MUD como contraparte, con la gestión mediadora de la UNASUR (2014), no alcanzó acuerdo.
• La Mesa de Diálogo iniciada con una ronda exploratoria en República Dominicana y continuada en la isla de Margarita, Venezuela, contó con la participación de la MUD como contraparte (2016), pero concluyó sin acuerdo.
• La Mesa de Negociación en Santo Domingo, República Dominicana, de nuevo participó la MUD (2017-2018), concluyendo sin acuerdo.
• Hubo varios intentos fallidos internacionales por establecer un acercamiento y mecanismo de diálogo con participación internacional del Grupo de Contacto (2019) y la formación de un Grupo de Amigos.
• La Mesa de Negociación de Oslo (mayo) y Barbados (julio) con la facilitación de Noruega y apoyo del Vaticano (2019), cerró sin acuerdo.
• La Mesa de Negociación con varios sectores opositores al margen de la MUD alcanza el Acuerdo de Casa Amarilla  (septiembre de 2019).
• La actual Ronda de diálogo en México, con la participación de la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa al sector de derecha radical de Voluntad Popular y Primero Justicia, quienes mantienen fuertes lazos internacionales con Estados Unidos, la Unión Europea y España (agosto 2021).

La coyuntura que envuelve la negociación y la caracterización de los actores

Luego de un periodo en el que la derecha pareció reinar a sus anchas en ALC, la ideología liberal reforzada por el neomonroismo y el programa económico y de seguridad Crece con América sirvieron para construir la narrativa que los gobiernos progresistas y nacionalistas habían sido locura de una noche de verano. Sin embargo, en fecha reciente de nuevo el centro de gravitación geopolítico en la región se está desplazando a favor de gobiernos nacionalistas, de orientación progresista y de izquierda en Argentina, México, Bolivia; afianzado en Nicaragua, Cuba y Venezuela, al igual que están en ascenso los movimientos populares y sus expresiones organizativas en Chile, Brasil, Colombia y Paraguay. A esto se suma la formación del Grupo de Puebla junto al Foro Social de Sao Paulo, como expresiones de la proyección regional del progresismo. Al mismo tiempo, los gobiernos de derecha atraviesan por crisis políticas que amenazan su gobernabilidad.

Los dos escenarios regionales en los cuales se expresa el avance de la debacle de la derecha regional son: la OEA, objeto de severas objeciones por sus desacertadas actuaciones, promoción de golpes de Estado e injerencia en los asuntos internos de los países de la región, sirviendo a los intereses y  realpolitik estadounidense; y su criatura, el Grupo de Lima, constituido ex-profeso para intervenir en Venezuela, grupo ad hoc que hace aguas por los cuatro costados en medio de fuertes críticas y la salida de varios de los integrantes de la coalición, el más reciente el gobierno de Santa Lucía.

Toda esa armazón conformó el apoyo internacional al reconocimiento adelantado al supuesto gobierno de Transición que decía presidir el diputado Juan Guaidó (2019), por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países más. Basado en esta situación de facto que el Derecho Internacional incorpora a duras penas, se impulsaron con visos de legalidad: la invocación al TIAR, el bloqueo, la imposición de más medidas coercitivas unilaterales y el congelamiento de activos de la República en el exterior, como bien ejemplifica el caso del oro en el Banco de Londres.

No obstante, siendo insostenible en el tiempo, esa situación de facto que viola la Constitución se ha desmoronado como un castillo de naipes. Al no poder consolidarse, ha conducido al progresivo retiro del reconocimiento dado inicialmente por esos países, cuando no congelarlo. En cualquier caso, representa un duro golpe político para las  fuerzas opositoras que promovieron el gobierno paralelo, las mismas que debilitadas se sientan en la mesa de diálogo en México.

Aun cuando se mantienen con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y buena parte de los países de la Unión Europea, puertas adentro son evidentes las señales de resquebrajamiento y dudas que surgen hacia los satélites de la coalición que adversa al gobierno bolivariano, el multilateralismo que implementa en su política exterior, las relaciones sur-sur que promueve y las implicaciones regionales del proyecto bolivariano y socialista.

Procedimentos y asuntos de la agenda

La conveniente facilitación técnica provista por Noruega permitió avanzar con relativa facilidad para que las partes suscribieran el memorándum de entendimiento, en el cual se identificaron los asuntos, reglas y procedimientos que han de observarse en la mesa, como es el número de integrantes por cada parte, la paridad de género, de ser posible, o el principio que nada está acordado, hasta que todo esté acordado. Este principio se articula, a su vez, con otro que reconoce la posibilidad de alcanzar acuerdos parciales que se integrarán posterior en el acuerdo general;  lo cual alude a la prolongación en el tiempo de ciertos temas en la discusión respecto de otros de naturaleza más operacional y con plazos determinados, como es el caso de la posible participación de las organizaciones políticas en las megaelecciones de noviembre próximo.

Otro tanto cabe decir de los garantes del proceso que incluyen a México como terreno neutral, al Reino de los Países Bajos y Rusia, además de invitar al Grupo de Países Amigos que no se determina aún cuáles son, pero mencionará posteriormente el facilitador noruego.

Luego de intensas negociaciones los asuntos acordados fueron: derechos políticos y garantías electorales para todos, cronograma electoral, levantamiento de las sanciones (medidas coercitivas unilaterales) y acceso a los activos bloqueados, respeto al estado constitucional y renuncia  a la violencia, protección social para el pueblo; garantías, seguimiento y verificación del acuerdo.

En esta definición de temas se nota, de un lado, la amplitud de ciertos asuntos en su definición y operacionalización, como es el caso del levantamiento de las sanciones que depende de terceros que no están sentados en la mesa y hasta introducen perturbaciones, como las declaraciones recientes de un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en vísperas de iniciar las negociaciones, reiterando la existencia del gobierno interino y condicionando el levantamiento de las sanciones. Otros temas son espinosos, como la devolución del control de los activos a manos  de la República, lo cual es su manejo por las autoridades constituidas y el destino de aquellos otros comprometidos en procesos judiciales o intervenidos como CITGO o Monómeros Colombo-Venezolanos.

Pero también hay un notorio avance y mayor realismo al abandonar la oposición ciertas posturas ineficientes para negociar y de demandas exageradas, como es el denominado cese de la usurpación y las elecciones generales inmediatas. También, al reconocer el carácter constitucional del gobierno presidido por Nicolás Maduro y de los canales que establece la Constitución vigente como únicos medios para hacer oposición democrática, por lo cual renuncia al uso de la violencia.

Una Mesa dispareja con restricciones

Las mesas de negociación pueden ser equilibradas o por el contrario disparejas  según factores como los recursos y poder de las partes sentadas, las habilidades de los negociadores, la preparación técnica y experiencia de los equipos o las mejores estrategias desplegadas. Considerados los factores analizados, los sectores de derecha sentados en México están debilitados en su articulación internacional, a la vez que han malgastado su capital político hasta representar efectivamente un porcentaje minoritario de la preferencia electoral. Por otra parte, frente a la cohesión del bloque de la Patria que apoya al gobierno constitucional y se expresa en la designación de un vocero investido como Plenipotenciario en la Mesa, los sectores opositores participan circunstancialmente en una coalición que representa dos corrientes independientes e identificadas como el guaidocismo y el caprilismo, las cuales han tenido en el pasado fricciones y roces entre sus dirigentes. De allí que es previsible se imponga en la oposición la estrategia del Faraón en la última de las habitaciones, que se traduce en el hecho que tomar una decisión requerirá muchas aduanas de control hasta llegar a quiénes verdaderamente deciden.

Por otra parte, el factor tiempo impone restricciones en la mesa, pues si la oposición va a participar en las megaelecciones debe cumplir con los lapsos de inscripción y campaña, según lo establece el cronograma electoral aprobado por el CNE. Continuar en la mesa pasa por mostrar el talante democrático y la fuerza que representa como opción, de lo contrario solo confirma que es un tigre de papel.

Una oportunidad, pero sin chantajes

El propósito plasmado en la Constitución de 1999, el cual atribuye al Estado como fin último la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, encierra un predicado ético que debe ser orientador de la Mesa de Diálogo en México. El pueblo venezolano profesa la paz y si algo ha mostrado a lo largo de esta historia reciente, llena de dificultades y aprendizajes es su férrea voluntad nacionalista e independentista para labrar su propio destino, sin injerencias foráneas y su inquebrantable apoyo al proyecto que delinea y encarna la Constitución de 1999. De allí que la Mesa de Diálogo iniciada en México debe ser conducida en el marco de una agenda realista, intereses que correspondan a demandas razonables, el abandono de posiciones ineficientes y la determinación venezolana sin interferencias externas.

Por Francisco Rodríguez

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