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por Camilo Rivero
El proceso constituyente en la creación de la V República
Venezuela ha inaugurado un nuevo y trascendental período en su historia republicana, a partir de la elección del comandante Hugo Chávez como presidente, en el año 1998.
Es necesario recordar que su principal oferta electoral consistió en impulsar una Asamblea Nacional Constituyente, “con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica” (1), la cual efectivamente quedó impregnada a lo largo y ancho de un texto constitucional cuyo proceso fue convocado, elaborado y aprobado por el pueblo venezolano, a través de amplios y novedosos mecanismos de participación y decisión.
Así, en la Constitución bolivariana queda inequívocamente establecido que Venezuela pasa de la convencional democracia representativa, propia del Estado liberal burgués occidental, a una democracia participativa y protagónica, plena y en las cinco dimensiones de la sociedad, donde el pueblo está llamado a constituirse en el sujeto histórico fundamental que asuma la conducción de un proceso político para su transformación revolucionaria.
Es bajo este esquema que debemos visualizar el enorme desafío que significa la construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, bajo el carácter transicional de una inédita revolución bolivariana que se ha venido manifestando a través del devenir contradictorio de los acontecimientos ocurridos durante estos primeros 23 años, como consecuencia de nuestro desarrollo histórico como nación y de la guerra multiforme imperialista que nos impusieron, precisamente para truncar un proyecto político cuyo impacto trasciende con creces nuestras fronteras nacionales.
Siendo así, la gran apuesta estratégica para transitar esta empedrada y empinada trayectoria no es otra que apelar con absoluta convicción a la democracia participativa y protagónica, entendiendo que solo se puede avanzar en esa dirección mediante la creación de un Estado popular revolucionario que asuma la conducción de este complejo y difícil proceso.
Queda superado así el restringido alcance de una democracia representativa que reduce al ciudadano a la simple condición de elector, donde en cada proceso comicial, sin estar consciente de ello, cedía su soberanía a las personas elegidas, con el agravante que estos últimos, lejos de actuar según las aspiraciones del pueblo al que supuestamente “representan”, lo hacían en función de los intereses del gran capital nacional y transnacional.
Para el desarrollo de este proceso revolucionario, la Constitución bolivariana proporciona los siguientes elementos que nos permitan avanzar en el nuevo concepto de democracia antes expuesto, a saber:
• Art. 2: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia.
• Art 3: Entre los fines esenciales del Estado se encuentra el ejercicio democrático de la voluntad popular.
• Art 4: La corresponsabilidad e integración orgánica pueblo-gobierno revolucionario resulta decisiva en la construcción del destino de la patria.
• Art 5: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
• Art 62: El pueblo venezolano tiene el derecho de participar activamente en los asuntos públicos del país y el Estado la obligación de facilitar las condiciones más favorables para ello, siendo el proceso de planificación pública el medio necesario para garantizar su protagonismo.
• Art 70: Se establecen los distintos medios de participación popular para el ejercicio de la soberanía, así como las condiciones para su efectivo funcionamiento.
• Art. 132. La participación popular se constituye también en un deber ciudadano, para cumplir con las responsabilidades sociales y participar activamente en los asuntos públicos del país, para lo cual se requiere de una sociedad altamente politizada y comprometida con su devenir histórico.
Políticas públicas y tipologías sociales en la planificación popular
La relación del Estado revolucionario con la población residente en nuestro país no puede analizarse en términos abstractos y ahistóricos, sino a partir de una realidad concreta que responde en cada momento al orden mundial imperante y sus respectivas expresiones locales.
Así, el Estado liberal burgués, en franca e indetenible descomposición y cuya expresión en Venezuela es su carácter rentista-petrolero, dependiente y subdesarrollado, siempre tuvo como propósito fundamental garantizar el proceso de acumulación de capital y la estabilidad política del sistema, administrando la antagónica contradicción capital-trabajo para contener los procesos revolucionarios que se convierten en una seria amenaza a su permanente reproducción y expansión.
Esto es así, debido a que el capitalismo, por su propia naturaleza, es el reino de las desigualdades socioeconómicas, teniendo una fachada en la restringida democracia político-electoral representativa, que esconde precisamente la ausencia de democracia en las dinámicas que se producen en las cinco dimensiones de la sociedad. Y el elemento central que da cuenta de esa situación es el concepto de clases sociales, perfectamente definidas a partir de la propiedad sobre los medios de producción y su manifestación en la contrastante distribución de la riqueza nacional producida.
Estas desigualdades se tornaron mucho más profundas a raíz del surgimiento de la globalización neoliberal, producto del desmantelamiento del Estado del bienestar durante la década de los años 90 del siglo pasado.
Ante las dramáticas consecuencias que esa situación generó en el país, la revolución bolivariana se propuso desde sus inicios revertir ese cuadro de injusticia social, planteándose, en una primera fase, saldar la deuda social acumulada heredada de la IV República para, posteriormente, impulsar inequívocamente la construcción del proyecto de país plasmado en la Constitución bolivariana. Lo anterior supone asumir integralmente la condición humana del pueblo venezolano, trascendiendo la de simples agentes económicos dentro de la racionalidad del mercado capitalista.
Ahora bien, las desigualdades sociales antes mencionadas tienen una expresión en el territorio, estableciéndose unos patrones de ocupación de los distintos asentamientos humanos que reflejan distintas condiciones sociales y gregarias, teniendo a la vivienda como el objeto espacial fundamental para el establecimiento de la familia, creándose espacios urbanos diferenciados para su ocupación por las clases alta, media y los sectores populares, cada uno de los cuales presentan características muy similares dentro de ellas pero, a su vez, bastante contrastantes entre sí.
Igualmente, se presenta la comunidad como el espacio inmediato donde se desarrollan las relaciones sociales más cercanas y cotidianas, y el hábitat como el control de ese entorno social para la generación de las condiciones de vida que permitan satisfacer las necesidades humanas.
En efecto, si observáramos las características de la sociedad venezolana solo a escala nacional, podríamos observar los elementos comunes que nos definen como nación, como son lo relativo al idioma, cultura, valores, historia, religión, idiosincrasia, identidad y sentido de pertenencia. Sin embargo, a medida que bajemos a las escalas regionales, estadales, municipales, parroquiales y comunitarias no solo constataremos los aspectos antes mencionados sino que podremos apreciar con un mayor nivel de precisión y detalle las particularidades o especificidades de los distintos asentamientos humanos establecidos, siendo determinante su diferenciación en función de los niveles socioeconómicos, produciéndose incluso una suerte de segregación socioespacial a partir de dinámicas de relacionamiento propias de un comportamiento de inclusión/exclusión social.
Ahora bien, el Estado democrático y social de derecho y de justicia plasmado en nuestra constitución tiene que dar cuenta de esa contrastante realidad, por lo que la gestión de gobierno debe establecer las prioridades necesarias para atender a la población que se encuentra en condiciones de pobreza, sin desatender a otros grupos sociales que tengan una mejor condición socioeconómica (incluir sin excluir a nadie).
Lo anterior pasa por avanzar hacia la creación de una administración pública bolivariana, donde los ministerios del poder popular dejen de ser una simple denominación, con la inequívoca intención de incorporar orgánicamente a las distintas expresiones del Poder Popular organizado en la gestión del gobierno bolivariano.
En este sentido, la planificación-acción se presenta como un instrumento muy poderoso para transformar esa inequitativa realidad social, para lo cual se requiere conocer científicamente esa situación e intervenir deliberadamente para incidir y direccionarla hacia la sociedad que queremos.
Es bajo esta perspectiva que cobra importancia emprender el proceso de transformación social a través de las tipologías sociales, lo cual implica construir en el seno de la heterogénea realidad venezolana algunos agrupamientos a partir de características socio-económicas relativamente homogéneas, en función de las variables más relevantes que determinen patrones comunes de comportamiento social.
Ello, a su vez, permitiría adecuar y confeccionar políticas públicas diferenciadas, que den cuenta precisamente de las particularidades existentes en los diferentes grupos sociales asentados en el territorio nacional, teniendo a la comunidad como el epicentro de la democracia participativa y protagónica.
Este enfoque nos lleva a la territorialización de la gestión de gobierno, teniendo un mejor abordaje en el diseño de las respuestas que más se adecuen a las realidades existentes en el país, minimizando los márgenes de error que pudieran retardar o poner en riesgo el logro de los objetivos previstos en el Sistema Nacional de Planes.
Asimismo, ello incrementará sustancialmente la eficiencia revolucionaria en la gestión de gobierno, no solo atendiendo conjuntamente las problemáticas existentes en las diferentes comunidades del país, sino fortaleciendo en cada momento la simbiosis pueblo-gobierno, a través de los saldos político-organizativos que se produzcan a lo largo del proceso constructivo del Estado popular revolucionario.
Finalmente, ello estrecharía significativamente la conexión empática entre el Gobierno Bolivariano y el pueblo venezolano, afinando el discurso comunicacional a partir de la correcta interpretación de sus códigos de comportamiento social, así como identificando las sensibilidades que pudieran volatilizar sus reacciones y, eventualmente, inviabilizar algunas iniciativas gubernamentales.
Sistematización de experiencias: hacia una Revolución de Planificación Popular
En estos tiempos de profunda transformación social, la sistematización de experiencias de planificación se convierte en un instrumento muy poderoso para el desarrollo del Poder Popular organizado, principal protagonista de este momento estelar que vive Venezuela en su historia republicana.
Esta condición le otorga una relevancia extraordinaria y se constituye en un desafío ineludible e impostergable, considerando el carácter inédito de la revolución bolivariana como proyecto histórico de post guerra fría, donde los referentes existentes hasta entonces resultaron sensiblemente afectados a raíz del estremecedor acontecimiento mundial que significó la implosión del bloque socialista. Lo anterior implica que, más allá de aprender las lecciones de esas experiencias, debemos hacerlo a partir de nuestro propio andar revolucionario.
En este sentido, desde la sistematización se pretenden convertir las distintas experiencias en producción de conocimientos, en la recuperación y valoración de los saberes populares, así como afianzar los procesos de teorización que arroja y, a la vez, demanda la praxis revolucionaria, en el marco de un momento transicional que resulta determinante para avanzar dialécticamente en un proceso político signado por la confrontación “entre lo viejo que se resiste a morir y lo nuevo que puja por nacer, donde además lo nuevo nace contaminado de lo viejo” (2).
Bajo estas premisas se creó la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, entendiendo que “si algo requiere la transición al socialismo es planificación” (3). Sin embargo, ello supone pasar de la convencional planificación normativa y la planificación estratégica (corporativa y situacional), a una planificación-acción revolucionaria, como herramienta fundamental para alcanzar el ejercicio efectivo de esa democracia participativa y protagónica.
Dentro de este marco, vemos la sistematización de experiencias como parte integrante y orgánica del proceso de planificación, contribuyendo decididamente al empoderamiento del pueblo organizado en unas comunidades cuyo abordaje escalar se inserta en el resto de los niveles que conforman el sistema de agregación espacial.
Para que esto sea efectivamente así, es imprescindible reafirmar que el auténtico protagonista de dicho proceso son las distintas comunidades existentes en el país, garantizando que sean ellas mismas los principales sujetos sociales de esas sistematizaciones, a través de procesos asamblearios y donde las instituciones del Estado revolucionario acompañan y orientan los abordajes desarrollados, respetando plenamente sus aspiraciones y expectativas.
En este sentido, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, expresa de manera categórica: “Hay historias que están ocurriendo. Quizás no las narran los medios, pero tienen rostro de pueblo. Los siempre invisibilizados, alzados como poder en revolución. Esa es la esencia de las 3R.NETS que convoca el presidente Maduro. Es la construcción real de la democracia radical, de base”. (4)
Así las cosas, la sistematización de experiencias de planificación permite recoger y documentar la esencia de las distintas expresiones de participación popular que se están produciendo en el país, de manera que cualquier persona pueda conocerlas aun sin haber participado en ellas; además de comprenderlas, evaluarlas, valorarlas y asumirlas como referencias válidas de un proceso histórico vivo y en permanente construcción dialéctica.
Ello reflejará detalladamente el desarrollo sistémico de los procesos en cuestión, facilitando e impulsando el abordaje colectivo y responsable de las problemáticas existentes y sus propuestas de solución, así como la necesaria interacción con los distintos organismos públicos involucrados en esas dinámicas, realizando el análisis y reflexión crítica de las distintas experiencias a partir de su ordenamiento y reconstrucción.Adicionalmente, se podrá recuperar la memoria histórica, democratizar la toma de decisiones en las comunidades, evaluar los balances de sus resultados e impactos (logros, dificultades, recomendaciones y desafíos) y los aspectos determinantes en ellos, convirtiéndose así en una enriquecedora fuente de aprendizaje para transformar la realidad social mediante la formulación de políticas públicas, arrojando las luces necesarias para continuar avanzando en este complejo proceso revolucionario, con la absoluta convicción de que es el camino a seguir para alcanzar la felicidad de la Patria.
(1) Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(2) A. Gramsci
(3) Hugo Chávez Frías
(4) Ricardo Menéndez, tuit del 16/09/2022