Derecha vs progresismo: Los retos de la segunda oleada roja en ALC

Francisco Rodríguez L. Politólogo y profesor universitario ULAC.

América Latina inició en el año 2021 un superciclo electoral que concluirá a fines de 2024. En este lapso, el balance de diecisiete procesos electorales podría modificar la correlación pendular de fuerzas políticas progresistas o derechas en la región. A la par que este forcejeo ocurre, varios cambios están modificando el paisaje político empezando por la circunstancia que, la forma de democracia representativa de corte liberal, en cuya matriz se ha desarrollado la tendencia progresista que va de la centroizquierda a la izquierda, está siendo desplazada por democraduras (Rosanvallon, Linz y otros) definidas como regímenes políticos con gobiernos de ultraderecha que mantienen la formalidad de celebrar procesos electorales periódicos según lo establezca la norma constitucional, un régimen de partidos y movimientos políticos, condicionamientos a los derechos humanos, sistemas económicos neoliberales, la visión del Estado mínimo y el establecimiento de instituciones y reglas propias de regímenes autoritarios.

Así en el seno de las democracias representativas liberales latinoamericanas han ido surgiendo las democraduras o gobiernos de ultraderecha que combinan democracia formal y ejercicio de autoritarismo. Este proceso ha tomado forma definitiva en esta década, en parte como respuesta de la derecha regional a la crisis del orden mundial, reafirmando sus lazos tradicionales y vínculos políticos, comerciales y militares con el centro hegemónico de poder y la visión imperial del mundo global. Pero también, para frenar el potencial fortalecimiento y expansión de la segunda oleada de regímenes progresistas en la región. Los primeros ensayos de esta forma de régimen político se encuentran en los gobiernos de Alberto Fujimori en Perú (1990-2010) y Álvaro Uribe en Colombia (2006-2010) y ya reciente, con los gobiernos de Jeanine Añez en Bolivia (2019-2020), Iván Duque en Colombia (2018-2022), Jair Bolsonaro en Brasil (2019-2022), Dina Boluarte en Perú, Nayib Bukele en el Salvador y Javier Milei en Argentina.

El progresismo por su parte en la primera oleada (1998-2015), agrupó distintos gobiernos de centro con marcado tinte social, centro izquierda y propiamente izquierda de filiación socialista que en la diversidad compartían como rasgos: la multipolaridad y autonomismo en política exterior que condujo a la arquitectura de la nueva integración regional, el nacionalismo económico, movilización y participación popular, el Estado fuerte con políticas sociales propias del Estado Social Benefactor y liderazgos con tintes populistas. Fueron ejemplos de esta etapa los gobiernos del Comandante Hugo Chávez en Venezuela (1998-2013), Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), Fernando Lugo en Paraguay (2008-2012), Mel Zelaya en Honduras (2006-2009), Lula Da Silva (2003-2010), Pepe Mujica en Uruguay (2010-2015), Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Rafael Correa en Ecuador (2007-2017). En la izquierda definiéndose como socialistas se ubicaban Cuba con el gobierno de Fidel Castro hasta 2006 y luego Raúl Castro (2008-2018), Venezuela a partir de la declaración de la Revolución Bolivariana como antiimperialista en 2004 y Daniel Ortega en Nicaragua (2006-2021).

La segunda oleada en la que se superponen varios gobiernos de la primera que han continuado en Cuba, Venezuela y Nicaragua; sin embargo, presenta fisuras respecto de la anterior. Se destaca que varios de los gobiernos llamados progresistas se colocan en posiciones de centro y asumen posturas ideológicas moderadas promoviendo agendas segmentadas, tienden puentes al capital e inversiones extranjeras con regímenes liberales, centran las agendas gubernamentales en problemas específicos como la reforma y cambio constitucional, reconocimientos de derechos de minorías, el cambio climático, etc., desmovilizan los sectores y movimientos populares y buscan conciliar políticamente con Estados Unidos y las potencias del eje atlantista. Asimismo, toman distancia de los gobiernos socialistas de la región y asumen con tibieza el nacionalismo, la multipolaridad, el impulso al integracionismo del esquema autonomista representado por UNASUR, CELAC o el MERCOSUR que promueve la dimensión social. Son ejemplos de estos gobiernos Gabriel Boric en Chile (2022), Pedro Castillo en Perú (2021-2022) y Alberto Fernández en Argentina (2013-2019).

Otros, sin embargo, más cercanos al ideario de la primera oleada, se mantienen en posturas de centro izquierda como López Obrador en México (2018), Lula Da Silva en su tercer mandato en Brasil (2023), Gustavo Petro en Colombia (2022), Xiomara Castro en Honduras (2018) y Bernardo Arévalo en Guatemala (2024).

I

El movimiento pendular de ciclos políticos e ideológicos que marcaban el paso de la derecha a la marea roja y luego de nuevo el inicio de un ciclo, pareciera resquebrajarse a partir de la coyuntura actual.

Hoy la radiografía del escenario político latinoamericano presenta un espectro de gobiernos y fuerzas políticas caracterizados como derecha liberal en Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay; ocurriendo un desplazamiento en algunos gobiernos, desde el centro a la extrema derecha en Argentina tras la elección reciente de Javier Milei electo por el Partido Libertario; en Ecuador con el empresario Daniel Noboa por el partido Acción Democrática Nacional y en Perú con el gobierno de facto de Dina Boluarte, luego de la destitución parlamentaria del presidente Pedro Castillo de orientación centroizquierda que tenía el apoyo del partido Perú Libre, al cual renunció. En cuanto al Salvador, Nayib Bukele con el apoyo del partido Nuevas Ideas encarna el continuismo de derecha con una aprobación de 90 % por el manejo del tema de seguridad y orden público que representan las bandas criminales y que se reflejó en el 82.6% de votación obtenida en la reciente elección.

 

Elecciones presidenciales 2021-2024 [Pronóstico]

Entre 2018 y 2022 se evidencia el desplazamiento ocurrido al centro como ejemplifican Chile con Gabriel Boric cuyo partido es Unidad para Chile y Luis Arce en Bolivia que gobierna con una escisión del Movimiento al Socialismo. En la línea identificada como socialistas se colocan los gobiernos de Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Nicolás Maduro en Venezuela con el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Bloque de la Patria y fungiendo de puente con los primeros el gobierno de Xiomara Castro en Honduras con el partido Libertad y Refundación, caracterizado como socialismo democrático.

Los comicios electorales pendientes por celebrarse a lo largo de este año son clave para establecer la orientación geopolítica regional. Panamá se debate entre la candidatura de Ricardo Martinelli por el partido Realizando Metas de orientación ideológica de derecha, la cual tiene ligera ventaja sobre Martín Torrijos del Partido Popular, quien representa la centro izquierda.

Por lo que toca a México se proyecta la permanencia del progresismo con la candidata del Partido Morena, Claudia Sheinbaum, quien cuenta con el respaldo del 60% de la intención del voto, apoyada en la popularidad del actual presidente Manuel López Obrador. Otra elección que sucederá este año es Uruguay, donde el Frente Amplio de filiación centro izquierda supera a la derechista Coalición Multicolor, actualmente en el gobierno con Lacalle Pou. El Frente Amplio lidera las encuestas con 45%, siguiendo el Partido Nacional con 29%. Finalmente, en Venezuela en medio de fuertes presiones e injerencia externa todo apunta al triunfo electoral del actual presidente Nicolás Maduro, candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y una coalición partidista de izquierda con un 55% de preferencia electoral según las encuestadoras.

En el entretanto, considerado un sinnúmero de elecciones regionales y locales en los países latinoamericanos se han ido estableciendo líneas políticas de fortificación ofensivas o defensivas según se cuente en cada caso, con amplia mayoría o se deban conformar alianzas para asegurar la mayoría parlamentaria o ganar control sobre unidades departamentales, estados o municipios según sea la organización política administrativa en la escogencia de cargos de libre elección popular.

En resumen, para el cierre del año 2024 en América Latina, la corriente progresista pareciera fortalecerse frente a la derecha, sumando a la correlación resultante del superciclo electoral analizado el gobierno socialista de Diaz Canel en Cuba y Luis Arce en Bolivia que se ha movido hacia el centro con una facción del Movimiento al Socialismo (MAS). En tanto el gobierno de Irfaan Alí con el Partido Progresista del Pueblo (PPP) en Guayana y Chan Shantokhi en Suriname con el Partido de Reforma Progresista (VHP) en coalición se ubican en la centroderecha.

II

En la política latinoamericana tradicionalmente la confrontación de ideas políticas discurría sobre un eje que iba del socialcristianismo a la derecha, la socialdemocracia en el centro y el socialismo fuese o no insurreccional a la izquierda. En una coyuntura internacional marcada por el Conflicto Este-Oeste y la visión imperial monroista del patio trasero latinoamericano, la amenaza de alterar el equilibrio se resolvía pateando la mesa e instaurando regímenes políticos autoritarios como fue la experiencia de los gobiernos militares y la Doctrina de Seguridad Nacional. Pues bien, esa lógica que marcó el juego de relaciones de poder a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado en Centroamérica y el Cono Sur principalmente, ha cambiado.

Hoy, a nivel regional la correlación entre fuerzas progresistas y derechistas expresa un equilibrio inestable con ciclos cortos, a lo que cabe agregar que a lo largo de poco más de dos décadas la derecha latinoamericana ha obtenido un aprendizaje que se traduce en un agrupamiento de fuerzas, la coordinación más estrecha con factores de poder extraregionales, la redefinición de símbolos, liderazgos de nuevo cuño vinculados al campo empresarial y estrategias más elaboradas desplazando a las agrupaciones tradicionales o reformándolas, el remozamiento del ideario y discurso para presentar con nuevo ropaje al neoliberalismo como alternativa al supuesto fracaso social de lo que se identifique de progresismo.

La coyuntura regional actual se caracteriza por débil reactivación económica pospandemia COVID 19, inflación, incremento de los niveles y costo del servicio de deuda externa, desempleo y precarización laboral representada por la informalidad del trabajo que representa para 2022 el 50% de la población en edad productiva según CEPAL, el sostenimiento de niveles de pobreza que ha alcanzado al 32,1% de la población para 2022 como reporta ese organismo regional y la caída del ingreso real en la mayoría de los países de la región. Según esa fuente, para 2023 los países con peor desempeño fueron Argentina, Haití, Chile, Perú y Colombia. El Banco Mundial revela en su informe Perspectivas Económicas Mundiales, publicado en enero de este año que el crecimiento de la región será débil alcanzando 1,9% en 2024 y en 2025 un modesto 2,5%, el mismo nivel del 2023.

Esta dinámica contrasta comparativamente con otras regiones de mejor desempeño en términos de crecimiento económico. En efecto, Asia Oriental y Pacífico proyectan 4,5% en 2024 y una leve caída a 4,4% en 2025; Oriente Medio y el norte de África en 3,5 % en 2024 y se mantendría igual en 2025; Asia Meridional en 5,6% en 2024 y 5,9% en 2025; finalmente África Subsahariana en 3,8% en 2024 y 4,1% en 2025. Así planteado, el malestar económico y social es un dato de contexto que políticamente lleva consigo la posibilidad de manipular el voto castigo y las ofertas electorales con tintes populistas y visiones escatológicas acerca de la amenaza de desorden y colapso social, el peligro de la migración extranjera (colombiana, peruana o venezolana) culpada por la violencia e inseguridad crecientes.

Por otra parte, el estrechamiento de relaciones de cooperación, inversiones e intercambio comercial y cultural con China y Rusia en la región, fue obra de los gobiernos progresistas de la primera oleada: Hugo Chávez en Venezuela, Fidel y Raúl Castro en Cuba, Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Desde allí se han fortalecido al punto de haber celebrado una Cumbre CELAC-China y suscritos en poco más de una década, una veintena de acuerdos para la incorporación de países latinoamericanos y caribeños en la Ruta de la Seda, la vinculación con los BRICS, el otorgamiento de créditos o elevar la relación de cooperación a nivel de asociación estratégica e importantes socios comerciales con países de la región.

Ante la nueva realidad geopolítica, los Estados Unidos y la Unión Europea presionan cada vez más, la salida de China y Rusia de Latinoamérica y el Caribe, como ha puesto de manifiesto en varios pronunciamientos, la Jefa del Comando Sur, la Generala Laura Richardson, quien ha manifestado el apoyo a los gobiernos democráticos de orientación liberal y afirmado que China y Rusia representan amenazas y son causa de inseguridad e inestabilidad en América Latina y el Caribe. Asimismo, durante la Cumbre Mercosur-Unión Europea celebrada en diciembre de 2023, un requerimiento para acceder a los programas de inversión europeos ha sido cesar el estrechamiento de relaciones con China. De allí que un eslabón de la cadena es la mayor presión posible a los gobiernos progresistas de la región que como es el caso de Venezuela y Nicaragua han profundizado los intercambios al punto de calificar las relaciones con China de asociación estratégica a toda prueba y en todo momento en el caso venezolano y de asociación estratégica en el nicaragüense. Al igual que aquellos que apuestan a relacionarse y eventualmente ingresar a los BRICS, pues se desarticulan del eje radial cuyo centro ha impuesto un esquema de dominación e influencia por el relacionamiento interdependiente con el núcleo de potencias emergentes.

III

En este escenario cabe la pregunta: ¿Cuáles son las nuevas coordenadas políticas de la derecha y en qué medida el progresismo ha descifrado el juego de aquella y anticipa sus movimientos?

En el Foro Económico Mundial celebrado en enero de este año, en la ciudad de Davos, Suiza; la confrontación entre ambas tendencias fue puesta de manifiesto en las intervenciones de los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro. Mientras Milei desde la ultraderecha definiéndose como anarco capitalista sostuvo que el colectivismo conduce al socialismo y la pobreza, afirmando que, “…lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa, como sistema económico, es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”. Así sostiene que el Estado es el problema y propone que la tesis a seguir es el capitalismo libertario que implica libertad económica, gobiernos limitados y respeto irrestricto a la propiedad privada para el crecimiento. Un capitalismo de libre empresa que protege al empresario y deja a un lado la justicia social, pues en esta visión, el Estado coacciona e impone cargas impositivas que castigan la iniciativa del empresario privado.

En dos palabras aboga por la tesis del Estado Mínimo (R Nozick y otros neoliberales) llegando a justificar una vuelta a los orígenes del liberalismo y el planteamiento no menos clásico de gobiernos plutocráticos. Esta tesis es la base de la llamada Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos, coloquialmente conocida como la ley ómnibus que ha causado grandes movilizaciones populares.

Por su parte, Petro, desde una postura de centroizquierda identificada con la corriente del progresismo latinoamericano, analizó la aspiración de paz social en medio de la desigualdad como causa de la violencia y la movilización del pueblo en defensa de la democracia ante los intentos de grupos de delincuencia y corrupción que persiguen el control político. Abogó como tema central, la necesidad de superar el actual modelo capitalista y un cambio de paradigma mundial en torno a un modelo de economía descarbonizada para superar el cambio climático, no con limosnas en el mecanismo tradicional de la cooperación Norte-Sur, sino como pacto entre iguales, la obligatoriedad de cumplimiento de las Convenciones en esa materia y el reconocimiento del aporte del Sur Global.

La confrontación derecha vs. progresismo en Latinoamérica no escapa al conflicto geopolítico en el orden internacional y el relacionamiento adversarial en la triada que forman Rusia, China y el Sur Global y Estados Unidos/Europa. En ese orden internacional que se debate entre globalización multipolar, reglobalización o desglobalización para redefinir las reglas de juego que el imperialismo impuso por largo tiempo, la derecha latinoamericana tomando partido persigue reafirmar sus lazos como aliado subordinado con los centros de poder y en esa articulación, antes que la democracia representativa, es la democradura la forma de gobierno que mejor asegura los intereses de ambas partes, buscando anclar la región en la esfera de influencia estadounidense que funge de centro imperial secundado por el G7 industrializado y la OTAN como brazo militar.

Tomar partido comienza por hacer creíble políticamente la tesis del negacionismo que presenta al neoliberalismo y sus políticas como una propuesta nueva sin responsabilidad histórica alguna en el cuadro de dificultades que atraviesan las sociedades latinoamericanas e incorporando en el ideario político el anarcocapitalismo ya referido de Javier Milei en Argentina, que busca validarse para la región y como alternativa al progresismo. Pero también al neonazismo de raíz europea que ha prendido en países como Bolivia, el capitalismo con rostro humano pregonado en Venezuela por sectores de la oposición, el capitalismo verde o el pensamiento cristiano evangélico que ha cobrado protagonismo político en Brasil, el Salvador, Honduras, Bolivia, Venezuela, México. Perú y Costa Rica proyectándose como orientación política conservadora en torno a los valores morales, el aborto o la familia, entre otros temas. En síntesis, un conservadurismo de nuevo cuño, en el cual el estilo de hacer política de Jair Bolsonaro y la ideología del Partido Liberal que le sirve de soporte es un ejemplo.

Aún con altos índices de desaprobación pública e incluso movilización popular en contra, la ruptura con el pacto electoral es una impronta de las democraduras, cuyo ejercicio de gobierno es capaz de divorciarse del compromiso original con el electorado, bajo la premisa que la elección legitima los actos de gobierno consecuentes. El gobierno de Javier Milei en Argentina, Sebastián Piñera en Chile o Iván Duque en Colombia son ejemplos de la implementación de políticas que poco se corresponden a los compromisos electorales, llegando a reflejar en el curso de la gestión pública bajos niveles de aprobación ciudadana.

Por ejemplo Piñera concluyó su segundo mandato con un índice de aprobación de 15%; Duque con 20%; Bolsonaro en Brasil en medio de subidas y descensos llegó a tener en diciembre de 2021 un 19% de aprobación para concluir su mandato en 40%; Milei por su parte en Argentina, en apenas un mes de gestión ha caído a 47,2% de aprobación en medio de fuertes protestas y movilizaciones no logrando hacer pasar la aprobación legislativa de la llamada coloquialmente Ley Omnibus, la cual modificaba gran parte del ordenamiento jurídico argentino, desregulaba la economía e incluso colisionaba con principios constitucionales como la libre movilización y de reunión. Aun así, insiste en que el proyecto pretende llevarse adelante, lo cual abre una interrogante fundamental.

Otro factor a considerar es la relación que guardan con el Estado policial. En medio de altos niveles de inseguridad y violencia de las bandas delincuenciales y el narcotráfico se han hecho declaratorias de Excepción para frenar el avance del Estado Fallido, cuya imagen extrema es el caso de Haití. El caso del Salvador con Nayib Bukele y recientemente Daniel Noboa en Ecuador, donde incluso se ha recurrido a la cooperación policial y militar con Estados Unidos, ambos ilustran esta dimensión de las democraduras, en medio de denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por los cuerpos de seguridad. Esto aplica asimismo a las movilizaciones populares y protestas sociales convocando a paros nacionales en contextos como Colombia, durante las masivas protestas en contra del paquete de medidas económicas y sociales de Iván Duque que adquirieron nivel de estallido social (2021), Ecuador otro tanto durante la presidencia de Guillermo Lasso, Jeanine Añez en Bolivia y Dina Boluarte en Perú; la represión aplicada fue aparejada a la contención y desmovilización de las organizaciones populares. En fecha reciente, en Ecuador y Perú una política impulsada con iniciativas legislativas ha sido la adopción de regímenes de amnistía para los cuerpos policiales que actúan en la represión con el argumento del restablecimiento del orden público y la seguridad interior.

La dimensión institucional de los gobiernos de democradura incluye el uso como armas políticas de un conjunto de instituciones y competencias de los poderes para frenar o impedir que opciones políticas del progresismo puedan eventualmente participar políticamente o incluso la destitución.

Este es el caso del juicio político o impeachment que es competencia del Congreso en Brasil y permitió la destitución presidencial de Dilma Rousseff para cerrar el paso a la consolidación del progresismo.

Asimismo, está comprendido en la Constitución de Paraguay y sirvió para destituir al presidente Fernando Lugo y en Honduras al presidente Mel Zelaya. Asociado a lo anterior, la guerra jurídica o lawfere se apoya generalmente en campañas de noticias falsas o deefake utilizados para inhabilitar a Lula Da Silva por el caso Lavajato y, a Cristina Kirchner por presunto otorgamiento de obras públicas.

Otra circunstancia es la llamada muerte cruzada que faculta al Presidente como Poder Ejecutivo a disolver el Poder Legislativo Nacional y convocar elecciones, lo cual fue una jugada adelantada por el presidente Lasso en Ecuador. En esta línea también cabe mencionar en contrario la figura de vacancia por incapacidad moral permanente incorporada en la Constitución peruana y que se utilizó como mecanismo legislativo para destituir al presidente Pedro Castillo y asumir la presidenta del Congreso Boluarte el gobierno interino. Finalmente, en Guatemala la Fiscalía abrió causas en contra del presidente electo Bernardo Arévalo por presuntas irregularidades de su partido Semilla y en el proceso electoral, lo cual fue denunciado como un intento de golpe de Estado seco por parte de la derecha conservadora guatemalteca (2023).

IV

El progresismo si no quiere perder su norte, sucumbir eventualmente ante las democraduras en avance y finalmente extraviarse como proyecto; debe renovar el pacto popular y profundizar el compromiso en favor de las transformaciones y las luchas sociales en América Latina y el Caribe; lo cual solo encuentra camino en la radicalización democrática ya sean gobiernos de centro izquierda o socialistas; la profundización del Estado Social fundado en el régimen de los derechos humanos y políticas sociales y económicas que atiendan las necesidades de las mayorías para llevar una vida digna y de no pobreza; atender la precariedad laboral y la informalidad laboral; la participación democrática inclusiva, el fortalecimiento del integracionismo intrarregional alternativo al enfoque economicista liberal de mercados en competencia, y apostar sin ambages a la conformación de un mundo global multipolar cuyo orden internacional reconozca y asegure la justicia, igualdad y soberanía de los pueblos y el ejercicio democrático efectivo en las organizaciones internacionales que conforman la complejidad interdependiente del sistema internacional contemporáneo. En esta visión los imperialismos en la arena internacional y la convivencia pactada con estructuras de poder político tradicional de la derecha extrema y las fuerzas económicas y sociales domésticas que las apoyan no es realista ni factible.

Vale la advertencia del intelectual que fuese vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, quien dijera recientemente en una entrevista al medio digital Jacobim, que la extrema derecha es la respuesta pervertida a la angustia de las mayorías a los problemas sentidos y acuciantes que trae la pobreza, desempleo cuando no precariedad laboral, injusticia social, exclusión, falta de atención de las necesidades básicas en una población que comprende a la clase trabajadora formal como la informal que hoy alcanza y hasta supera a la primera en varios países de la región. Finalmente hay una sola estrategia posible “… para derrotar a las derechas, las izquierdas deben ser radicales”. Vale entonces la frase que popularizara el Comandante Chávez, tomada del mensaje fundacional de la CGT argentina, escrita por Rodolfo Walsh y publicada en 1968 como cierre del Programa del 1de Mayo, … “solo el pueblo salva al pueblo”.

Fuente: Revista Amerika Latina y Karibe. Nro. 15. Pág. 38-34. Feb-Mar 2024