MNOAL y G77+China coinciden en que medidas coercitivas unilaterales atentan contra el derecho al desarrollo y Carta de la ONU

Como parte de las intervenciones en la Reunión de Alto Nivel por el 75° Aniversario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y el Grupo de los 77 más China (G77+China) coincidieron este lunes en que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra países atenta contra el derecho al desarrollo y viola la legislación internacional, incluyendo la carta fundacional de la organización multilateral.

Mohammed Irfaan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana, que ocupa la presidencia pro tempore del G77+China, reafirmó en nombre del Grupo que “la imposición de medidas coercitivas unilaterales de índole económico contra los países en desarrollo representa un impedimento al desarrollo económico y social y al diálogo y entendimiento entre países”.

Asimismo, ratificó el compromiso de la organización con el multilateralismo y la firmeza de luchar en pro de la paz, la justicia y el desarrollo, a la vez que recalcó que la primera prioridad del grupo se centra en la erradicación de la pobreza.

En representación del MNOAL, cuya presidencia pro tempore desde 2019 la ejerce Azerbaiyán, su presidente Ilham Aliyev reiteró la profunda preocupación del Movimiento por la creciente tendencia hacia el unilateralismo y a las medidas impuestas unilateralmente, “lo cual socava la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.

Enfatizó que el mundo en la actualidad necesita más que nunca que se respete el derecho internacional y que haya instituciones multilaterales efectivas en garantizar este objetivo. Además, el MNOAL solicitó que se reforme el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de convertirlo en un órgano más democrático, efectivo, eficiente, transparente y representativo, y se ajuste a las realidades contemporáneas.

En reiteradas oportunidades, el secretario general y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, António Guterres y Michelle Bachelet, respectivamente, así como Relatores Especiales y expertos independientes del Consejo de DDHH, también han expresado su condena e inquietud por la persistencia de estas medidas coercitivas en el actual contexto de la pandemia de COVID-19 y han solicitado su cese o suspensión.

Desde el año 2014, al menos 300 medidas coercitivas unilaterales ha aprobado el Gobierno estadounidense y países satélites contra la República Bolivariana de Venezuela, afectando severamente su economía y la vida cotidiana de todo el pueblo. El Gobierno Bolivariano introdujo en febrero de este año una remisión ante la Corte Penal Internacional contra los responsables de imponer esta política genocida, bajo el alegato jurídico, contemplado en el Estatuto de Roma, de que constituyen delitos de lesa humanidad.

Fuente: MPPRE

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