Arma Geoeconómica

En los años ochenta América Latina sufrió una de las mayores crisis económica de su historia, la cual fue causada por el gigantesco endeudamiento externo que contrajeron los países de la región con la banca privada internacional, bajo el auspicio de instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, y los gobiernos de los países industrializados. Una vez, consolidado el proceso de endeudamiento externo masivo, a partir de 1982 la banca internacional restringe bruscamente su oferta de financiamiento, provocando severas dificultades económicas en los países endeudados que se extendieron por todo el decenio, de allí el nombre de “la década perdida de América Latina”.

Este paso de una situación de abundancia excesiva a una de notable escasez de fondos, forzó a los países a un proceso de readecuación macroeconómica que retrasó drásticamente el crecimiento de las economías, desmontó el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones y la intervención estatal, produjo desempleo, deterioro de los beneficios sociales y pobreza.

Pero todo ese proceso de endeudamiento a gran escala, no era más, que una pieza de la estrategia neoliberal denominada el Consenso de Washington, para recolonizar  a los países de América Latina, a través de un conjunto de medidas de estabilización y ajuste de las economías, acordadas en Washington DC, entre el FMI, el Banco Mundial, el gobierno y la Reserva Federal de Estados Unidos. El paquete de políticas económicas con la excusa de corregir el déficit en las finanzas públicas generado por los problemas de cumplimiento del endeudamiento externo, promovió la reducción del gasto público, reformas para reducir la progresividad impositiva, la privatización de empresas públicas, la liberalización del comercio y de los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa, la desregulación de los mercados laborales internos, la eliminación de beneficios sociales, etc.

Otra pieza de la estrategia desde la deuda externa, es desarticular la soberanía de los Estados sobre sus recursos naturales e incluso sobre su población, a través de los tratados de libre comercio que Estados Unidos impone a los países de la región, abriendo los territorios para la acción de las corporaciones y del capital financiero.

No queda duda de que la deuda externa, es utilizada como arma geoeconómica, por la élite de corporaciones transnacionales y las instituciones multilaterales a su servicio, para someter a los Estados Nacionales y a sus pueblos. La élite dominante rediseña la arquitectura financiera mundial consolidando y expandiendo la finanza corporativa internacional como un actor fundamental de la globalización financiera, e imponen los programas de ajuste estructural y de políticas de estabilización macroeconómica, con el liderazgo del Fondo Monetario Internacional.

Pero los países de América Latina deben dejar de ver a la deuda externa solo desde la perspectiva financiera y macroeconómica en función del financiamiento al desarrollo, y verla como el mecanismo a través del cual la élite promueve transformaciones neoliberales en la estructura del Estado, en la concesión y negociación de la soberanía nacional, e incluso como fuente de violación abierta de los derechos humanos, del derecho al desarrollo y del derecho de la libre determinación de los pueblos.

El actual contexto nos muestra un buen ejemplo de ello, es la situación de la crisis sanitaria resultante de la propagación del virus Covid-19, la cual requiere que los países hagan políticas efectivas en materia de salud pública para afrontarla, pero tal desafío es imposible de cumplir si al mismo tiempo, tiene que seguir pagando sus obligaciones de deuda a los acreedores. En estas circunstancias de crisis sanitaria y económica, como dice  Eric Toussaint, existen tres argumentos del Derecho Internacional para no pagar la deuda: 1) El estado de necesidad que establece que cuando un Estado enfrenta una crisis en la cual la vida de su población está en riesgo y constituye un problema grave, ese Estado no está obligado a respetar sus obligaciones internacionales; 2) Cambio fundamental de circunstancias, que cuando cambian totalmente las condiciones respecto a las que estaban cuando se firmó, la ejecución de este contrato puede ser suspendido, y, 3) Fuerza mayor, por razones de fuerza mayor un Estado puede no estar más en condiciones de respetar sus obligaciones de pago de deuda.

La República Bolivariana de Venezuela, vive hoy el desafío de reestructurar su deuda externa, en un marco de bloqueo financiero, medidas coercitivas unilaterales y pandemia. Pero al propio tiempo, debe garantizar al pueblo venezolano el pleno disfrute de los derechos humanos y su libre determinación, así como garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional en el mediano y largo plazo. Garantías estas que son fundamentales y de orden previo para renegociar la deuda, dado que en el libre ejercicio de nuestra soberanía nacional y con dignidad, en un plano de respeto mutuo, cumpliremos con los compromisos financieros adquiridos con el apoyo de nuestros aliados estratégicos  y siempre con el bienestar del pueblo como factor innegociable.

Víctor Luis Rodríguez Rojas

Economista

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