La injerencia del Grupo de Lima como negocio con disfraz de democracia

Un centenar de declaraciones y otras tantas acciones directas calificadas de injerencia, ha emprendido el llamado Grupo de Lima (GL) desde su creación en 2017, en contra de la Venezuela bolivariana. En conjunto, los gobiernos del GL han convergido al unísono recurriendo al mecanismo de la diplomacia multilateral en el marco de la OEA, la ONU y otros foros internacionales para apuntalar las versiones de los fake news acerca de la supuesta existencia de una narco-dictadura venezolana corrupta que debe ser aislada y derrocada; el Estado Fallido y la crisis humanitaria que justificaría la intervención en nombre de la comunidad internacional; o bien, el Estado violador de los Derechos Humanos que obligaría al bloqueo. Mentiras machaconamente repetidas para parecer verdad y escenarios construidos para ser creídos sin mayor discusión con el recurso del Deep News o mentiras estructuradas profundas.

También actúa la injerencia a través de acciones individuales y del mecanismo de la llamada Diplomacia en la Cumbre desplegada en encuentros de alto nivel, en los cuales, los discursos de los jefes de gobierno invocan el nombre de la democracia, los Derechos Humanos y la paz internacional para terminar en el estribillo de recurrir a los medios necesarios para que sean celebradas elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional. La Bolivia del interregno de Jeanine Añez es un ejemplo de la monstruosidad que puede nacer de tal precepto, aceptado sin más como exigencia que al final del camino obedece a intereses estratégicos velados.

Pero ¿qué está detrás del empecinamiento en derrocar al gobierno bolivariano presidido por Nicolás Maduro, el cual posee a plena vista legitimidad de origen por la votación popular de la cual nació y legalidad conforme a los procedimientos y fundamentos constitucionales que lo sustenta? La verdad es que, al menos tres conjuntos de razones pueden explicar el porqué de la injerencia continuada. La ayuda humanitaria es un botín que se disputan soterradamente varios gobiernos de la región: Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil pujan para acceder a cuotas de aquella, por la asistencia dada a los migrantes y refugiados venezolanos. Tan solo Estados Unidos dice que a través de la USAID apoya programas de asistencia por más de 600 millones de dólares. A su vez, tanto la Unión Europea como Naciones Unidas y otros países donantes difunden que destinan recursos que superan los 3 mil 400 millones de dólares. No obstante, se cuentan más de cien mil venezolanos retornados que lo hacen con sus ahorros o literalmente a pie, sin ninguna asistencia médica u otro apoyo humanitario estructurado.

Otra razón son los compromisos y lealtades debidas hacia el aliado mayor en una coalición que es desigual. Es un hecho que la creación del GL tiene sello estadounidense proyectado en el escenario de la OEA, la cual sirve de paraguas para dar visos de legitimidad a las acciones intervencionistas que incluye la activación del TIAR. La acción más notoria y contraria al principio de no intervención e injerencia en los asuntos internos del otro, que ha sido basamento del Derecho Internacional y las relaciones entre Estados viene a ser, el reconocimiento e incorporación en el seno del GL a la ficción llamada gobierno de transición venezolano, conformado por grupos políticos minoritarios de derecha subordinados a Estados Unidos y al esquema imperial de reordenación del mal llamado patio trasero.

Tanto el gobierno republicano de D. Trump como ahora el demócrata de J. Biden comparten el mismo objetivo de frenar a toda costa la conexión regional con la “Ruta de la Seda”, el afianzamiento de las relaciones Sur-Sur y la apertura de intercambios de todo tipo con Rusia, China, Irán, Turquía y otros actores que son adversarios de Estados Unidos en otros tableros de confrontación geoestratégica mundial. La postura irreductible de Venezuela en defensa de su soberanía y autonomía hace que esté en la mira.

Vale recordar que desde principios del siglo pasado Venezuela fue articulándose como pieza del engranaje en el esquema estratégico regional estadounidense por sus ingentes recursos energéticos y posición estratégica regional. Esta condición de componente subordinado se quebró con el proceso revolucionario, cuya definición como bolivariano y socialista de raíces populares tiene expresión en los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro. A esto temen los gobiernos del GL que siendo de orientación político ideológica de derecha y neoliberal en lo económico bloquean y reprimen las demandas sociales internas como ha ocurrido en Chile, Colombia, Brasil o Perú acuciados por la deuda externa, escándalos de corrupción, el cometimiento de crímenes de genocidio y lesa humanidad, las presiones populares crecientes en medio de la pandemia por COVID_19 y la caída en barrena de la popularidad y aceptación de la mayor parte de esos gobiernos que confrontan condiciones de ingobernabilidad crecientes. El ejemplo venezolano es a todas luces inconveniente, por eso debe ser erradicado para que no contamine de pueblo al resto de la región.

La tercera razón se refiere a las promesas de esos sectores minoritarios de derecha vacíos de pueblo, en condición de operarios subordinados al centro imperial que, a cambio de respaldo en su aspiración de acceder al poder, han prometido todo tipo de ventajas al capital foráneo bajo la premisa que es imprescindible para lo que califican de reconstrucción nacional. La realidad es que ellos mismos se han prestado e implorado por la aplicación de medidas coercitivas y el bloqueo para generar las condiciones de colapso sin poder lograrlo. Pero causando un grave daño que se cuantifica en vidas humanas contadas por cien mil y pérdidas materiales que superan los 160 mil millones de dólares, sin contar los activos congelados en el extranjero. Las recientes maniobras para apoderarse de los activos de Petrocaribe valorados en 4 billones de dólares o las maniobras acerca de la rebaja de la deuda de Paraguay con Venezuela negociando con unos representantes supuestos de un gobierno inexistente, son ejemplos palmarios. Un filibusterismo moderno rampante ha entrado en acción, pasando por encima de la responsabilidad internacional, una institución fundamental del derecho Internacional que conlleva para el Estado infractor reparar el daño, restituirlo o bien una disculpa pública.

Ante la injerencia sólo la conciencia y postura firme de un pueblo orgulloso de sí mismo y de su historia como el venezolano, es capaz de enfrentar las amenazas que encierra el asedio e intentos por quebrar la voluntad férrea de ser independientes y soberanos, para darnos nuestro propio destino como pueblo entre las naciones del mundo.

Francisco Rodríguez

Politólogo y Analista Internacional

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