El Informe Preliminar de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, reconoció que hasta el año 2015 los trabajadores del sector público en Venezuela percibían un salario equivalente a entre 150-500 dólares y estos ingresos han sido afectados gravemente por las llamadas “sanciones” impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, al punto de disminuirlos al equivalente entre 1-10 dólares en 2020.
