Las organizaciones, activistas de derechos humanos y movimientos sociales valoramos la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela de la Sra. Alena Douhan, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales sobre el disfrute de los Derechos Humanos, que tiene lugar en un contexto de recrudecimiento de las agresiones por parte de la saliente administración del gobierno de los Estados Unidos contra sectores sensibles de los servicios públicos esenciales y de la economía del Estado venezolano, generando vulneraciones en el disfrute de derechos humanos de la población. En el marco de su visita, la relatora sostuvo una serie de encuentros con diversos actores de la vida política, social y económica del país, para recopilar datos y emitir un informe de primera mano sobre el impacto que ha tenido la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales sobre la población de Venezuela. En este contexto, es pertinente señalar que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto sobre Venezuela se viene aplicando formalmente desde el mes de diciembre del año 2014, con la aprobación en el Congreso estadounidense y la firma del expresidente Barack Obama de la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, donde se menciona explícitamente la posibilidad de aplicar medidas contra Petróleos de Venezuela (PDVSA), principal industria del Estado venezolano y contra el Banco Central de Venezuela. Estas medidas coercitivas unilaterales se han venido intensificando de manera sistemática contra la población civil durante estos últimos años y no han cesado ni siquiera en el marco de la pandemia mundial de la COVID-19, generando pérdidas económicas por más de 113.000.000.000 millones de dólares. Durante el último año, el gobierno estadounidense y la unión europea, junto a sus aliados, han incrementado sus agresiones contra Venezuela, comprometiendo las capacidades de respuesta del Estado venezolano ante las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria global que representa el virus SARS-CoV-2, dificultando a las instituciones estatales cualquier iniciativa para comprar, transportar e ingresar al territorio nacional los insumos sanitarios requeridos para ello, así como acceder a sus propios recursos depositados en la banca privada internacional, que se estiman en más de 7.000.000.000,00 de Euros, para la implementación de políticas de atención social destinadas a la población. Estas medidas coercitivas unilaterales impactan directamente en los derechos humanos de todas las personas, al tiempo que afectan negativamente el desarrollo socioeconómico del país. Particularmente, afectan de manera directa el derecho a la vida, integridad física, salud y alimentación del pueblo venezolano, generando una violación entre otros instrumentos internacionales, al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Consideramos que estas medidas producen efectos jurídicos y responsabilidad internacional por parte de quien las aplica, y configuran un delito de lesa humanidad ya que dificultan el derecho al desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela y obstaculizan el acceso a bienes esenciales de la población. Asimismo, estas medidas violan el derecho internacional, ya que son aplicados con efectos extraterritoriales y afectan la soberanía del Estado venezolano y los derechos e intereses de las entidades o personas bajo su jurisdicción. El Pueblo venezolano exige respeto a su derecho a elegir la forma de gobierno y los gobernantes que deseen sin injerencia de otros Estados, por lo que rechazamos una vez más toda acción dirigida a menoscabar su voluntad y derechos a través de presiones económicas e intentos de desestabilizar la democracia que existe en Venezuela por parte de las potencias imperialistas del mundo. Frente a estos actos unilaterales, arbitrarios e ilegales, las organizaciones abajo firmantes destacamos la importancia de la visita de la Relatora a nuestro país ya que podrá evidenciar de primera mano, la repercusión negativa de las MCU en la realización de los derechos humanos del pueblo, así mismo le solicitamos: 1- Calificar el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto sobre Venezuela como una violación masiva y grave a los derechos humanos de la población venezolana. 2- Concluir que en el caso venezolano, las medidas coercitivas unilaterales constituyen la comisión de un delito de lesa humanidad y exigir establecer las responsabilidades de las altas autoridades de los Estados que han promovido el bloqueo contra nuestro país. 3- Se reconozca el mes de diciembre del año 2014 como fecha de inicio formal del bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela, momento en que la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, y firmada por el presidente Barack Obama, constituyéndose en la base sobre la cual ese gobierno ha aplicado otras medidas coercitivas unilaterales desde entonces. En este sentido, que exprese su más profunda preocupación por este instrumento jurídico y exija su derogatoria inmediata. 4- Exhorte a los integrantes del Sistema de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que hagan un llamado a los países que aplican estas medidas coercitivas unilaterales para poner fin al bloqueo económico ejecutado contra Venezuela, el cual ha producido una vulneración general, sistemática, intencional y grave de los derechos humanos a la vida, salud, integridad y alimentación de la población venezolana, y favorecer la aplicación oportuna y eficiente de mecanismos de prevención y atención a la población.
